Comunidades del Cañón del Micay rechazaron detención de los líderes sociales Juan Pablo Giraldo y Duverney Galvis y denuncian estigmatización.
Las comunidades campesinas del Cañón del Micay, junto a juntas de acción comunal, asociaciones sociales y la comisión política del territorio, emitieron un comunicado público en el que expresaron su total rechazo frente a la detención de los líderes sociales Juan Pablo Giraldo y Duverney Galvis, así como a lo que consideran un proceso de estigmatización y criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos en esta región del departamento del Cauca.
En el pronunciamiento, las organizaciones manifiestan su preocupación por lo que califican como una persecución contra dirigentes comunitarios reconocidos en el territorio, históricamente afectado por el conflicto armado, la exclusión estatal y la presencia de actores armados ilegales.
Señalan además que las detenciones han generado incertidumbre y temor entre las comunidades que han acompañado sus procesos organizativos, de ahí que ven que se les brinden garantías a la hora de adelantar procesos comunitarios.
De acuerdo con el comunicado, Juan Pablo Giraldo y Duverney Galvis han ejercido un liderazgo enfocado en el diálogo interinstitucional y social, promoviendo acciones de acompañamiento humanitario, defensa integral de los derechos humanos y búsqueda de condiciones dignas para las poblaciones del Cañón del Micay. En ese sentido, consideran que su judicialización envía un mensaje negativo frente al ejercicio de la organización comunitaria.
Las organizaciones firmantes rechazan cualquier intento de criminalizar la labor social y sostienen que la estigmatización de líderes y defensores de derechos humanos vulnera principios fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia. Asimismo, advierten que este tipo de situaciones puede poner en riesgo la integridad de quienes trabajan por la transformación social del territorio.
En el documento, exigen el respeto irrestricto a las garantías procesales y constitucionales de los líderes detenidos, transparencia en los procedimientos judiciales y pleno acceso a su derecho a la defensa. También solicitan el cese de la estigmatización contra el liderazgo social del Cañón del Micay y garantías reales para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la organización comunitaria.
Igualmente, hacen un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que acompañen el proceso y velen por el respeto a la vida, la libertad y la dignidad de los dirigentes sociales. Finalmente, sostienen que la defensa del territorio y de los derechos de las comunidades no puede ser motivo de persecución, y que la paz y la justicia social deben construirse con participación, diálogo y garantías efectivas para las poblaciones rurales del suroccidente colombiano.
