La Fiscalía destapó cómo operaba este sujeto en Catatumbo y sus posibles retaliaciones frente a desmovilizdos de la antigua guerrilla.
La justicia colombiana dio un nuevo paso en la investigación de hechos de violencia contra excombatientes en proceso de reincorporación. En las últimas horas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Gerardo Álvarez Peña, alias El Brujo, señalado como presunto cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc.
La decisión se adoptó a partir de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que lo relaciona con acciones violentas dirigidas contra firmantes del acuerdo de paz en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. De acuerdo con el ente investigador, el procesado habría participado en la consolidación de estructuras ilegales, especialmente en áreas urbanas.
En el desarrollo de las pesquisas, la Fiscalía indicó que entre los años 2020 y 2023 alias El Brujo presuntamente lideró la conformación de redes de milicias urbanas, cuyo propósito sería obtener información sobre movimientos de la fuerza pública y confrontar a otros grupos armados ilegales con presencia en la zona.
Entre los hechos que hacen parte del expediente se encuentra el atentado contra el firmante de paz Juan Antonio Castro Carrillo, registrado el 23 de octubre de 2022 en el municipio de Tibú. Según lo establecido, el excombatiente fue atacado dentro de su vivienda y resultó con una herida en el abdomen que requirió atención quirúrgica inmediata.
Las autoridades sostienen que este ataque habría sido una represalia, luego de que la víctima se negara a vincularse a dicha organización ilegal. Este episodio se convirtió en un elemento clave dentro del proceso que permitió la captura y judicialización del presunto cabecilla.
Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó a Álvarez Peña los delitos de concierto para delinquir, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, todos agravados. No obstante, el acusado no aceptó los cargos formulados.
Finalmente, tras la realización de las audiencias concentradas, el juez resolvió que el procesado deberá permanecer en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial en su contra.
