Se evidencia que hay riesgo para el jefe de Estado, quien denuncia un plan para propinarle un golpe de Estado.
Una investigación de los funcionarios del grupo de contrainteligencia derivó en un escándalo que toca directamente la seguridad del presidente democrático Gustavo Petro.
El pasado viernes 19 de septiembre, las autoridades registraron la captura de dos militares y una mujer que se hacía pasar por capitán de la Policía, identificada como Stephanie Salgado, tras detectarse un presunto plan de infiltración en unidades estratégicas de la Fuerza Pública y en áreas cercanas al Palacio de Nariño.
Esta ciudadana, habría participado en diferentes actividades judiciales y reuniones, en las que se trataban temas confidenciales de la inteligencia militar; asimismo, habría tenido acceso a los sistemas de seguridad de las unidades policiales y militares que frecuentaba. La investigación determinó que el actuar criminal de los capturados se orientaba a apropiarse de estupefacientes y elementos, durante el desarrollo de actividades judiciales.
Los detenidos, según confirmaron fuentes del Ejército, son un mayor, quien ejercía como comandante del Batallón de Fuerzas Especiales No. 5; un sargento de la misma unidad y la falsa oficial de la Policía. Todos son investigados por presuntos delitos de revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato por omisión.
La denuncia surgió en mayo de 2025 tras conocerse que la mujer, sin pertenecer a ningún cuerpo militar ni policial, habría logrado ingresar en repetidas ocasiones a instalaciones de élite de las Fuerzas Especiales, incluso con acompañamiento de personal autorizado. También habría tenido acceso a espacios de alta sensibilidad como la Dirección de Protección de la Policía y el Batallón Guardia Presidencial.
De acuerdo con los reportes, durante el periodo en que operó esta infiltración, se registraron pérdidas de armas y otras irregularidades que aumentaron el nivel de riesgo para la seguridad del mandatario.
Las autoridades han señalado que los implicados habrían intentado obtener información sensible relacionada con la agenda y los esquemas de protección presidencial.
El caso desató preocupación por las fallas en los protocolos de control en el Palacio de Nariño y en las unidades militares más cercanas al mandatario. También deja en evidencia tensiones dentro de la Fuerza Pública, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades en los altos mandos y esclarecer el alcance de la infiltración.
