Cárcel para empresario que estafaba a ARL en Cali
Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre sindicado de haber estafado a una aseguradora de riesgos laborales (ARL) mediante el cobro de incapacidades de sus empleadas por valores superiores a lo que realmente les pagaba a sus colaboradores. El pasado 28 de noviembre, las autoridades capturaron en el sector de Ciudad Pacífica, un barrio al sur de la ciudad de Cali, a Mauricio Hoyos Ortiz, empresario que presuntamente se aprovechaba de accidentes laborales de sus trabajadores para realizar cobros irregulares a las ARL.
De acuerdo con la investigación del CTI, el modus operandi de este hombre desde 2019 consistía en crear empresas dedicadas al sector de la construcción. Todas estas empresas tenían una similitud: sus razones sociales eran parecidas, al igual que sus nombres. Después de establecer las empresas, el hombre vinculaba laboralmente a obreros con un salario mínimo legal vigente. Cuando los trabajadores sufrían accidentes laborales, Hoyos Ortiz aumentaba exorbitantemente sus salarios, hasta un 1800% más de lo que realmente percibían los trabajadores. Con base en este valor exagerado que reportaba a las ARL, estas realizaban los respectivos pagos de incapacidades. Sin embargo, el hombre solo pagaba a sus trabajadores sobre la base del salario mínimo.
Es el caso de uno de los trabajadores que ganaba en la compañía $1.600.000, a quien su salario ante la ARL se incrementó a un valor de $21.600.000, cantidad que finalmente fue transferida por la aseguradora. Además, cuando estas no aceptaban pagar los montos, el empresario de construcción presentaba tutelas y demandas para lograr su cometido, algunas de las cuales fallaron a su favor. Esta maniobra fue utilizada por el empresario durante varios años, según las investigaciones, y se presume que con estos pagos irregulares alcanzó a defraudar más de 500 millones de pesos.
El hombre fue capturado y la Fiscalía le imputó los delitos de estafa agravada, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y omisión de agente retenedor o recaudador. A pesar de que el hombre no aceptó los cargos, un juez dictaminó que deberá enfrentar su proceso judicial en prisión.
