«Respetamos la decisión, pero no la compartimos”, declaró Cepeda tras la controvertida decisión judicial.
El senador colombiano por el Pacto Histórico Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuestionó la determinación del Tribunal Superior de la ciudad de Bogotá que dejó sin efecto la orden de prisión domiciliaria contra el exmandatario, condenado en primera instancia a 12 años por soborno y fraude procesal.
«Respetamos la decisión, pero no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente adelanta numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era una forma de protegernos», manifestó Cepeda tras conocerse el fallo.
El tribunal resolvió una tutela presentada por la defensa de Álvaro Uribe y permitió que permanezca en libertad mientras se resuelve la apelación a la condena, lo que deberá ocurrir antes de octubre.
Iván Cepeda, sociólogo, defensor de derechos humanos e hijo del asesinado dirigente de izquierda Manuel Cepeda Vargas, ha sido uno de los principales críticos de los vínculos entre sectores políticos y el paramilitarismo. Desde el Senado, Cepeda documentó testimonios que señalaban presuntas alianzas de Uribe con grupos armados ilegales.
Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y líder del partido de derecha Centro Democrático, ha sido una de las figuras más influyentes de la derecha en la política colombiana de las últimas décadas, un ciudadano con mucho poder e influyente.
Su estilo de “seguridad democrática” lo convirtió en referente del ala más extrema del Centro Democrático, pero también en foco de denuncias por sus nexos con estructuras paramilitares, campañas de desapariciones masivas, torturas y asesinatos arbitrarios.
En 2012, Uribe demandó a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no solo archivó esa investigación, sino que abrió un proceso contra el propio Uribe al detectar maniobras para alterar declaraciones en su contra.
Tras la sentencia de primera instancia, la jueza Sandra Heredia había ordenado su detención domiciliaria, que Uribe cumplía en su finca en Rionegro (Antioquia). El fallo del Tribunal Superior revierte esa medida, lo que, según Cepeda, constituye un riesgo frente a las presiones que denuncia.
