Cinco uniformados del Esmad y del Goes de la Policía Metropolitana de Popayán destituidos por el caso de Alison Salazar Miranda.


La Procuraduría General de la Nación determinó, en primera instancia, destituir a cinco uniformados investigados en el caso de Alison Salazar Miranda, joven de 17 años que participó en la jornada de paro nacional en mayo de 2021 en Popayán y que se suicidó después de haber denunciado agresiones físicas y presunta violencia sexual por estos integrantes del Esmad y el Goes de la Policía.

El abogado de la familia de Alison Salazar Miranda, Daniel Oviedo, confirmó esta decisión por parte del ente de control, quien entró a investigar este caso luego de las denuncias formales ,en redes sociales y medios de comunicación que interpuso la familia de la adolescente.

«Avanzamos en tres tipos de procesos tras la muerte de la joven, registrada el 13 de mayo de 2021. Hay que recordar que el día anterior, 12 de mayo, se dio el tema del Esmad y el Goes. Uno de ellos es el disciplinario contra los servidores públicos en la retención de la menor, el trato cruel que le dieron esa noche . Mientras tanto la Fiscalía adelanta otro proceso ante los jueces penales por delitos contra algunos uniformados. El otro proceso es la reparación directa de parte del Estado a los familiares», explicó Daniel Oviedo.

Es de anotar que los uniformados, integrantes de los grupos de operaciones especiales y antidisturbios, son sancionados por dos comportamientos contrarios al buen desempeño de un funcionario público, uno es la privación injusta de la libertad de la menor, relacionados con la retención de Alison Salazar esa noche en inmediaciones de la glorieta de La Chirimía y posterior traslado violento a la antigua sede de la URI de la Fiscalía.

La otra conducta sancionada fueron los tratos inhumanos y humillantes a los que fue sometida la adolescente por parte de estos funcionarios, como quedó registrado en las grabaciones realizadas esa noche de 12 de mayo de 2021 por parte de dos periodistas alternativos, quien lograron reportar este evidente caso de abuso policial y transmitirlo en las redes sociales.

«Por eso la Procuraduría determinó destituirlos de sus cargos e inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por 14 años a uno de ellos; 13 años a otros tres y doce años a un último policía que participó en estos hechos. Esta determinación se dio tras dos años de registrado el caso y luego de las pruebas aportadas por los familiares, a través de mis servicios como abogado», expresó el profesional del derecho.

El abogado indicó además que los seres queridos fueron asesorados en su momento para que no dieran entrevistas a la prensa luego de registrarse la muerte de Alison, esto para evitar que el caso se convirtiera en un espectáculo mediático y asegurar que prosperarán las acciones de la justicia y lograr que los policías fueran sancionados en todos los ámbitos.

La decisión podrá ser apelada por los cinco integrantes del Esmad y del Goes de la Policía Metropolitana de Popayán, mientras que avanza el proceso penal dentro de la justicia ordinaria, luego que se determinara que el caso no será llevado al sistema penal militar.

«La Policía Nacional nunca informó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, la aprehensión de la adolescente, luego que comprobaran que era menor de 18 años; estando ya en la URI, tampoco le prestó atención psicosocial una vez estaba bajo su poder, de ahí que estas fallas las cometió el Estado Colombiano y ahora buscamos que se dé una reparación directa a los familiares porque ya tienen la condición de víctimas», agregó Daniel Oviedo.

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