El partido surgido del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC obtuvo apenas el 0,5% de los votos para el Senado el 8 de marzo.
Ocho años después de llegar al Congreso colombiano por la puerta del acuerdo de La Habana, el partido Comunes perdió su personería jurídica en las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo. La agrupación fundada por exintegrantes de las FARC obtuvo el 0,5 por ciento de los votos para el Senado y el 0,2 por ciento para la Cámara de Representantes, cifras que quedaron muy por debajo del 3 por ciento mínimo que exige la ley electoral colombiana para conservar el reconocimiento como fuerza política.
El resultado cierra un ciclo singular. Desde 2018, Comunes había ocupado diez curules garantizadas —cinco en el Senado y cinco en la Cámara— como parte de los compromisos suscritos en La Habana durante dos períodos legislativos consecutivos. Esa red de protección institucional venció en esta jornada, y la agrupación tuvo que competir en igualdad de condiciones por primera vez. Las urnas no le dieron margen.
Sandra Ramírez, la figura más visible de Comunes, buscaba su reelección al Senado a través de la coalición Fuerza Ciudadana. La lista reunió 114.599 votos según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil; de ellos, Ramírez acumuló 10.474 sufragios. Una cifra que no alcanzó para salvar al partido.
El propio Comunes reconoció la derrota con un comunicado fechado el 9 de marzo, en el que, lejos de la recriminación, reafirmó su compromiso con «la implementación integral del Acuerdo Final de Paz» y saludó el avance de las fuerzas que movilizan el cambio en Colombia. «La Paz con Justicia Social seguirá siendo nuestra bandera movilizadora», señalaron, mientras anunciaban que continuarán trabajando desde los territorios, ahora sin escaños pero con presencia orgánica.
Excombatientes como Rodrigo Londoño, Julián Gallo y Luis Alberto Albán podrán continuar activos en política bajo el aval de otras fuerzas. El partido se extingue; sus militantes, no.
Durante la jornada, Comunes y Fuerza Ciudadana denunciaron irregularidades que, según un comunicado conjunto, habrían comprometido las garantías democráticas del proceso.
Entre los hechos reportados figuraron impedimentos para acceder a los puestos de votación, suplantación de electores y presuntas indicaciones sobre el sentido del voto, incluso por parte de autoridades administrativas. Las denuncias llegaron desde Bogotá, Caquetá, Cauca, Antioquia, Bolívar y Atlántico.
El partido anunció seguimiento, aunque el conteo siguió su curso sin alteraciones.
Ese telón de fondo contrasta con el resultado del Pacto Histórico. La coalición del presidente Gustavo Petro, con más de 4,3 millones de votos, se proyecta como la primera fuerza legislativa del país, con cerca de 25 escaños en el Senado. Le siguió el Centro Democrático, la plataforma uribista, con algo más de 3 millones de sufragios y alrededor de 17 curules en la Cámara Alta.
Las consultas interpartidistas celebradas en paralelo terminaron de trazar el mapa presidencial. Paloma Valencia ganó la interna de la derecha; Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, se impuso en el centro; Roy Barreras triunfó en sectores de la izquierda. Los tres se incorporan a una carrera, donde además se encuentran Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, y que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, encabeza en las intenciones de voto, y que definirá al sucesor de Petro entre mayo y junio.
