Se completa tres días de protestas campesinas, indígenas y populares en diferentes partes del país.
Desde las primeras horas de la mañana de este jueves, 16 de octubre, la vía que conduce hacia la ciudad de Buenaventura amaneció nuevamente bloqueada, después de que autoridades lograran habilitar momentáneamente el paso de vehículos en la noche del miércoles 15 de octubre.
El bloqueo inicial se estableció el martes 14 de octubre a la 1:00 p. m., generando un represamiento masivo de automotores, particularmente de tractocamiones con destino al puerto marítimo.
No obstante, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Udmo) intervino la zona para despejar la vía, lo cual fue una solución momentánea, ya que está nuevamente bloqueada, en el marco del paro campesino y popular.
Ante esto, comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas emitieron un comunicado escrito dirigido al Gobierno de Gustavo Petro en el que denuncian el trato, que calificaron como “criminal”, de la Fuerza Pública contra la protesta social y exigen la presencia del presidente Gustavo Petro en el territorio para el jueves 16 de octubre.
“Rechazamos categóricamente el trato criminal que la fuerza pública le da a la protesta social en general y específicamente en los puntos de bloqueo entre la vía Cali-Buenaventura, donde se ataca a las comunidades con gases y con el uso de armas de fuego”, se lee en la misiva.
También, el comunicado establece que el «descontento generalizado por los acuerdos incumplidos en el gobierno que se creía ‘del cambio’“, expresando que consideran fundamental la presencia del mandatario para escuchar directamente los reclamos de las comunidades.
El escrito también responsabiliza a la Gobernación del Valle del Cauca encabezada por Dilian Francisca Toro y a la Alcaldía de Buenaventura, liderada por Ligia del Carmen Córdoba, por “cualquier afectación a algunas miembros de la comunidad en el contexto de movilización”.
Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial Valle del Cauca, expresó su preocupación por las consecuencias que deja en el tejido social y económico de la región la protesta que se realiza.
“Desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, expresamos nuestra preocupación por el bloqueo en la vía Buga-Buenaventura por obra de comunidades indígenas. Respetamos, por supuesto, el derecho a la protesta, pero este debe ejercerse sin afectar los derechos a la libre movilidad, al acceso a servicios de salud, a asistir a las aulas educativas, a asistir al trabajo, etc.”, declaró Sanclemente.
Con base a estas realidades de crisis causadas por estas protestas, el funcionario afirmó que desde el 2023, van más de 2000 cierres reiterados, según cifras de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar).
El gremio alertó que estos bloqueos generan “pérdidas, desempleo y deterioran la competitividad del país, afectando al final a la misma comunidad”, por lo que hizo un llamado al diálogo, e instó a la administración gubernamental a atender las demandas de la comunidad.
