El caso fue catalogado como crimen de lesa humanidad por la justicia colombiana.
Un juez penal especializado de la ciudad de Medellín condenó a 28 años de prisión a José Miguel Narváez, exdirector de Inteligencia del antiguo y siniestro Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, tras hallarlo responsable como “determinador” del secuestro de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, ocurrido el 21 de mayo de 1999.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Narváez sostuvo encuentros con el jefe paramilitar Carlos Castaño, a quien habría propuesto la retención y asesinato de Córdoba bajo el argumento de que tenía vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según el ente acusador, el entonces funcionario entregó información reservada obtenida a través del DAS para sustentar su solicitud.
A partir de estas gestiones, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ejecutaron el secuestro cuando la dirigente política asistía a una cita médica en el barrio El Poblado, en la capital de Antioquia. Córdoba permaneció en cautiverio durante dos semanas y fue liberada el 4 de junio de 1999, tras mediaciones políticas y humanitarias.
Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de las víctimas, celebró la decisión judicial al considerar que “este es un fallo ajustado a derecho, pues está en el proceso plenamente probado que Narváez era asesor de la alta cúpula militar y paramilitar, así como que fue el instigador y quien coordinó toda la participación de diferentes organismos para facilitar el secuestro de Piedad Córdoba, entre ellos, la colaboración de agentes del DAS, que suministraron y aportaron la información de dónde se encontraba la exsenadora”.
El abogado también destacó que “además, declara que este es un crimen de lesa humanidad, con carácter de imprescriptible. Por esta razón, compartimos integralmente el fallo del juzgado y aspiramos, como es nuestro deseo, que esto quede ejecutoriado en el menor tiempo posible”.
La sentencia incluye una multa equivalente a 3.499 salarios mínimos y la inhabilitación de Narváez para ejercer funciones públicas durante 20 años. El exfuncionario deberá cumplir la condena en establecimiento carcelario.
