El exabogado del expresidente Álvaro Uribe fue condenado en agosto de 2025 por su responsabilidad en el delito de soborno en actuación penal y absuelto por duda razonable del cargo de fraude procesal.
En una decisión de segunda instancia conocida en la tarde de este miércoles 11 de marzo, el despacho 17 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra el abogado Diego Javier Cadena, quien fue defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El fallo ratificó su responsabilidad por el delito de soborno en actuación penal y además lo declaró culpable por fraude procesal, cargo por el cual había sido absuelto en primera instancia.
Con esta decisión, la pena impuesta inicialmente fue modificada. Mientras que en agosto de 2025 un juez lo había condenado a siete años de prisión domiciliaria, el Tribunal aumentó la sanción a ocho años y ocho meses de prisión, que el abogado deberá cumplir en su lugar de residencia.
La providencia también contempla una multa millonaria y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por más de siete años.
La decisión de segunda instancia fue elaborada por el magistrado Carlos Héctor Tamayo, quien estudió el recurso presentado contra la sentencia emitida el 15 de agosto de 2025 por el juez Fabián Moreno. En ese fallo inicial se determinó que Cadena participó en un entramado para sobornar testigos dentro del proceso judicial que involucró al expresidente Uribe.
Durante el proceso, el juez Moreno sostuvo que estaba plenamente demostrado que el abogado actuaba en representación de los intereses judiciales del exmandatario.
“Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hecho que no fue objeto de controversia y que además se encuentra acreditado a través de pruebas testimoniales”, indicó el togado en su momento.
Para la justicia, Cadena habría desempeñado un papel clave en la búsqueda de testimonios que favorecieran al exmandatario, en medio de un caso judicial que giró alrededor de presuntas maniobras para modificar declaraciones que vinculaban a Uribe y a su familia con estructuras paramilitares en el departamento de Antioquia.
Ese mismo expediente tuvo un fuerte impacto político y judicial en el país, pues fue el que llevó a que el expresidente Uribe fuera condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria en julio de 2025 por la jueza Sandra Liliana Heredia, decisión que posteriormente fue revocada meses después por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Uno de los elementos centrales del caso contra Cadena fue el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, considerado un testigo clave dentro del proceso. Según la Fiscalía, el abogado habría intentado persuadirlo para que cambiara su versión ante la justicia y se retractara de señalamientos que comprometían al expresidente.
Durante el juicio, el fiscal Daniel Hernández sostuvo que Cadena ofreció beneficios judiciales para lograr esa retractación. Entre las pruebas presentadas se incluyeron grabaciones obtenidas mediante un reloj espía utilizado por Deyanira Gómez, entonces esposa de Monsalve, durante reuniones que sostuvo con el abogado.
Para el juez de primera instancia, dichas grabaciones y los testimonios recolectados en el proceso fueron elementos determinantes para establecer la responsabilidad penal de Cadena por el delito de soborno en actuación penal.
“El despacho encuentra acreditado que Diego Cadena actuó en común acuerdo con Enrique Pardo Hasche y le ofreció a Juan Guillermo Monsalve un recurso de revisión a cambio de su retractación”, señaló el juez Moreno en su sentencia.
El togado concluyó además que la conducta fue realizada de manera dolosa, pues Monsalve no tenía intención de retractarse de sus declaraciones y, aun así, habría sido presionado para modificar su versión.
Por otra parte, uno de los aspectos más relevantes del fallo de segunda instancia fue la decisión del Tribunal de revocar la absolución que Cadena había recibido por el delito de fraude procesal.
Ese cargo estaba relacionado con supuestas promesas económicas hechas a Carlos Enrique Vélez, conocido con el alias de “Víctor”, con el fin de obtener declaraciones que favorecieran a los hermanos Uribe.
En el fallo de primera instancia, el juez Moreno había considerado que existía duda razonable frente a este punto, debido a inconsistencias en el testimonio de Vélez.
“Vélez incurrió en serias contradicciones y realizó afirmaciones que no fueron corroboradas con otros elementos de prueba debidamente incorporados al proceso. Esto, sumado a que su credibilidad fue seriamente cuestionada”, señaló el juez en ese momento.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá analizó nuevamente el expediente y concluyó que existían suficientes elementos para revocar esa absolución y declarar culpable a Cadena también por fraude procesal.
En el mismo proceso también fue juzgado Juan José Salazar, abogado que trabajaba en el despacho de Cadena. Aunque inicialmente fue absuelto, el Tribunal lo condenó en segunda instancia a más de siete años de prisión.
Además, deberá pagar una multa equivalente a 283 salarios mínimos mensuales vigentes, lo que supera los 495 millones de pesos.
La decisión del Tribunal no fue unánime. El magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz presentó salvamento de voto al considerar que no existían pruebas suficientes para condenar a los procesados por los hechos relacionados con Carlos Enrique Vélez.
En su pronunciamiento, el togado indicó que el testimonio de alias “Víctor” no le resultaba confiable para sustentar una condena.
“No estoy de acuerdo con que se revoque la absolución en favor de los procesados frente a los hechos relacionados con Carlos Enrique Vélez Marín, debido a que, al igual que lo consideró el a quo, este testigo no me ofrece la fiabilidad suficiente para superar el umbral de suficiencia probatoria”, expresó el magistrado.
Con esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá queda confirmada la responsabilidad penal del exabogado Diego Cadena en uno de los procesos judiciales más polémicos y mediáticos de los últimos años en Colombia, relacionado con presuntas maniobras para manipular testigos dentro de investigaciones que involucraron al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
