El alto tribunal analiza si el magistrado Roberto Solórzano debe apartarse del estudio del recurso que busca anular la absolución del expresidente por soborno en actuación penal y fraude procesal.
El avance del recurso de casación dentro del proceso judicial que involucra al expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, permanece suspendido en la Corte Suprema de Justicia, mientras se resuelve una recusación presentada contra el magistrado Roberto Solórzano, quien actualmente participa en el estudio del caso.
La controversia surgió después de que las víctimas reconocidas dentro del proceso solicitaran apartar al magistrado, argumentando posibles conflictos de imparcialidad debido a presuntos vínculos laborales entre un hijo de Solórzano y el procurador Bladimir Cuadro, quien tuvo participación relevante durante la etapa del juicio.
Como consecuencia de esta solicitud, la Sala de Casación Penal designó al magistrado José Joaquín Urbano para analizar la recusación y elaborar la ponencia que será debatida por la Sala Plena. La determinación, que estaba prevista para el 4 de febrero, será clave para definir si Solórzano podrá continuar participando en el proceso o si deberá ser apartado.
Urbano es abogado egresado de la Universidad de Nariño, con formación especializada en derecho penal, estudios de maestría en criminología y doctorado en Derecho. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones como secretario judicial, juez, fiscal delegado, magistrado auxiliar y procurador delegado. También integró el Tribunal Superior de Bogotá antes de su llegada a la Corte Suprema.
El recurso de casación fue presentado el 13 de enero de 2026 por la Fiscalía General de la Nación, liderada por la fiscal María Cristina Patiño, junto a las víctimas acreditadas Iván Cepeda, Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y Deyanira Gómez. Con este mecanismo buscan que se anule la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió a Uribe Vélez y que se restablezca la condena impuesta en primera instancia, que contemplaba una pena de doce años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El origen del proceso judicial se remonta al año 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema abrió investigación contra el exmandatario, señalándolo como presunto articulador de una estrategia para alterar testimonios relacionados con hechos de paramilitarismo en Antioquia.
Posteriormente, el 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda emitió sentencia condenatoria contra Uribe Vélez, imponiendo la pena de doce años de prisión. La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, apeló la decisión mediante un extenso documento presentado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El 21 de octubre del mismo año, la Sala Penal del Tribunal revocó la condena y absolvió al exjefe de Estado, al considerar que existían inconsistencias en la actuación de la jueza y en el manejo probatorio por parte de la Fiscalía. La decisión no fue unánime, pues la magistrada María Leonor Oviedo Pinto salvó su voto y defendió la validez de las pruebas presentadas en el proceso.
Tanto la Fiscalía como las víctimas sostienen que el Tribunal no valoró de manera integral el material probatorio, lo que, a su juicio, afectó el derecho al debido proceso. Argumentan que el expresidente habría tenido conocimiento y participación en las actuaciones adelantadas por su exabogado Diego Cadena, quien ya fue condenado, para influir en las declaraciones de testigos.
Dentro del recurso de casación, las víctimas aseguran que la intervención del exmandatario habría trascendido una simple asesoría, señalando que existieron instrucciones orientadas a influir en actuaciones judiciales en su propio beneficio.
Por su parte, la Fiscalía insiste en que el Tribunal Superior incurrió en errores al descartar pruebas consideradas fundamentales, entre ellas interceptaciones telefónicas y registros sonoros incluidos en el expediente, que, según el ente acusador, evidenciarían un patrón sistemático para manipular testimonios.
Entre tanto, el equipo defensor del exmandatario, conformado por los abogados Miguel Ángel del Río, Reinaldo Villalba y Juan David León, ha optado por mantener prudencia frente al trámite de los recursos, a la espera de conocer formalmente las decisiones que adopte la Corte Suprema.
La resolución sobre la recusación será determinante para definir el futuro inmediato del recurso de casación y, en consecuencia, del proceso judicial contra el expresidente Uribe Vélez.
