La decisión de restringir el ingreso de organismos humanitarios a zonas bajo su control genera preocupación por el impacto en la atención a comunidades y el aumento del riesgo en regiones de esta parte del país.
Crece la preocupación en comunidades del Cauca y otras regiones del país tras el anuncio de las disidencias de las Farc, lideradas por Iván Mordisco, de limitar el acceso de organismos humanitarios a los territorios donde mantienen presencia.
La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado difundido por esta estructura armada, en el que se establece que entidades como la misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría del Pueblo no podrán ingresar a estas zonas.
Según el documento, la medida se sustenta en supuestas “violaciones de confianza y neutralidad” por parte de estas organizaciones. El grupo armado argumenta que algunas acciones humanitarias y de verificación habrían sido utilizadas para recolectar información sobre sus posiciones, lo que —afirman— habría facilitado operaciones militares en su contra.
En contraste, las disidencias indicaron que mantendrán abiertos los canales de coordinación únicamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja, siempre y cuando, según su postura, se garantice la confidencialidad, la neutralidad y una coordinación previa en cada intervención.
El anuncio ha encendido las alarmas en sectores sociales y comunitarios, que advierten sobre el impacto que esta decisión podría tener en la protección de la población civil. La restricción del acceso a organismos humanitarios podría dificultar la atención de emergencias, el monitoreo de derechos humanos y la mediación en escenarios de conflicto.
En departamentos como Cauca y Nariño, donde la presencia de estos grupos armados es significativa, líderes sociales temen que la medida contribuya a una mayor escalada de la confrontación, dejando a las comunidades en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Además, organizaciones y comunicadores han señalado que este tipo de decisiones también afecta el ejercicio periodístico y el acceso a la información en zonas donde la violencia ha limitado históricamente la labor de informar.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre cómo se desarrollarán las acciones humanitarias en estos territorios y qué impacto tendrá esta restricción en la garantía de derechos fundamentales para las comunidades que habitan en medio del conflicto armado.
