El 2021 el año más violento de los últimos cinco años en Colombia: CICR. Gobierno de Duque rechaza informe
Este 23 de marzo el Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un informe en el que evidencia el incremento de la violencia en Colombia durante el 2021
Mientras el país y el gobierno continuaban concentrados en contrarrestar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia por COVID-19, las consecuencias humanitarias en el país empeoraron, señala la organización humanitaria
Mientras Colombia continuaba concentrada en contrarrestar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia por COVID-19, las consecuencias humanitarias en el país empeoraron.
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— CICR Colombia (@CICR_co) March 23, 2022
Según las cifras del CICR , en 2021 la mayoría de los efectos derivados de los conflictos armados y la violencia alcanzaron el nivel más alto de los últimos cinco años.
De acuerdo con el análisis realizado por el CICR, en Colombia hay seis conflictos armados y otros tipos de violencia que afectan drásticamente la vida de las personas.
"Según nuestra clasificación de los conflictos armados, hoy podemos decir que en Colombia hay 6 conflictos armados no internacionales": Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia.
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La reconfiguración de los actores armados no estatales y el incremento de las confrontaciones armadas, del control social y de la disputa territorial aumentaron la presión sobre la población civil y plantearon nuevos desafíos para la asistencia humanitaria.
El informe de la Cruz Roja indicó que el 2021 se registraron 486 víctimas de artefactos explosivos. 486 de las víctimas eran civiles y el 76% de los casos dieron lugar en Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Chocó y Arauca.
Así mismo, según dicho informe 52.880 personas fueron desplazadas el año pasado lo que significa un aumento del 148% en comparación con el 2020. Estos hechos ocurrieron en Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
En lo que corresponde a los confinamientos por enfrentamientos armados, aumentó un 60% en comparación con el 2020, con unas 45.108 personas afectadas por este hecho.
“Si bien es cierto este flagelo se sigue presentando desafortunadamente en nuestro país, las cifras están lejos de ser las que se reportaban en la década anterior (…) Por ejemplo, a partir de la información que registra la Unidad para las Víctimas, en el periodo 2010 a 2014 se observa que las víctimas de desplazamiento ascendieron a 1.431.731 personas, en el periodo 2015 a 2018 fueron 670.778; mientras que en lo corrido del periodo 2019 a 2021 las víctimas decrecieron a 379.176, lo cual ha evidencia una tendencia a la disminución en el último periodo, no estamos diciendo con esto que el problema está solucionado, pero si afirmamos y estamos seguros que vamos por buen camino”, añadió el consejero.
Ante el informe el gobierno Duque, como siempre cuando hay informes que lo dejan mal parado, salió a defenderse y a rechazar las cifras y la investigación del CICR
“Causa extrañeza que en el informe de la CICR no se identifique a los verdaderos responsables de la vulneración del derecho internacional humanitario en Colombia, hay que decirlo sin ambigüedades, sin temores y con valentía: son los grupos narcoterroristas del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.», sostuvo el consejero para los derechos humanos Jefferson Mena.
El funcionario señaló que » el Gobierno no comparte la clasificación de 6 conflictos armados, aclarando que esto no es vinculante para el Estado como quiera que, en Colombia, hay es una amenaza marcada por rentas ilícitas de las que se nutren diversos grupos armados y delincuenciales.»
Mena reiteró que los desplazamientos en Colombia se presentan por la presencia de grupos armados al margen de la ley que generan terror por su actuar criminal contra las comunidades.
Se le olvida al funcionario de Duque que precisamente esa presencia de grupos armados se da por la ausencia y olvido del Estado hacia los territorios.
Se le olvida al funcionario el sinnúmero de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y las propias denuncias de la comunidad en las que alertan la presencia de los grupos al margen de la ley, las amenazas y desplazamientos, lo que al final queda en simple alertas porque el gobierno no actúa.
