Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), las autoridades colombianas aceptaron que se vulneró los derechos a la vida, integridad personal, libertad de pensamiento y expresión del periodista.
Veinticinco años y diez meses después de que el periodista, Defensor de Derechos Humanos y comediante Jaime Garzón Forero fuera asesinado en la ciudad de Bogotá, el Estado colombiano ha admitido su responsabilidad en este homicidio.
Lo hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un reconocimiento que pone fin a décadas de silencio institucional frente a lo sucedido con este periodista.
Los funcionarios de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que representa al país en procesos internacionales, ha señalado en un comunicado de prensa que los avances de la investigación durante más de dos décadas han permitido concluir que el plan criminal se ejecutó con la complicidad de agentes estatales.
El reconocimiento no solo tiene un valor simbólico, pues abre la puerta a nuevas medidas de reparación para las víctimas.
Esta decisión se da tras 14 años de litigio internacional iniciado por la familia de Garzón y varias organizaciones de derechos humanos ante la Comisión.
En el lapso de ese este tiempo, el Estado colombiano se había limitado a reportar los avances que lograba la justicia interna, pero evitaba una admisión formal de responsabilidad internacional.
Ahora, lo hace en el marco de un acuerdo con las víctimas y en respuesta a la petición presentada hace más de una década. Además, evita que el caso escale a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se podría haber llegado a una condena contra el Estado Colombiano.
El asesinato de Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999, silenció una de las voces más críticas y libres del periodismo colombiano. Más de dos décadas después, en Colombia circulan a sus videos y frases: entrevistas en las que denunciaba la corrupción, imitaciones de figuras del poder que desnudaban sus abusos y llamados a la paz en medio de la guerra que aún se registra en el país.
Sus palabras y personajes resurgen cada tanto en los momentos más álgidos del debate político, como recordatorio incómodo del ciclo de la violencia colombiano.
Esa madrugada, día de los hechos, mientras se dirigía en su camioneta Cherokee hacia la sede de la estación de radio donde laboraba, dos sicarios en motocicleta le dispararon cinco veces con un revólver calibre 38, justo en un cruce de semáforo. Tenía 38 años de edad. Un cuarto de siglo más tarde, el proceso por su asesinato —declarado de lesa humanidad— es un rompecabezas judicial inconcluso, con varios expedientes clave aún abiertos.
Aunque la justicia colombiana ha condenado al fallecido jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Carlos Castaño, y al antiguo subdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, José Miguel Narváez, todavía hay varios expedientes abiertos con nombres y testimonios que compromete a otros oficiales retirados del Ejército y exfuncionarios de los servicios de inteligencia como presuntos coautores. En el año de 2016, la Fiscalía tipificó el asesinato como crimen de lesa humanidad, lo que permite mantener abiertas las investigaciones sin que estas prescriban.
El proceso se caracterizó por dilaciones, versiones falsas y amenazas a los testigos. En su comunicado de este lunes 9 de junio, la Agencia también reconoce “que las vulneraciones y dilaciones en el proceso penal han afectado los derechos de los familiares del señor Garzón, en particular los derechos a la integridad personal y a la verdad”.
La investigación avanzó durante mucho tiempo con la versión infundada de que el asesinato había sido ordenado por la guerrilla, mientras funcionarios del antiguo DAS buscaban desviar la atención hacia otro lado y no a la alianza entre grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública.
Fue solo en 2009, gracias a declaraciones de exparamilitares, que se consolidó la línea que señalaba al jefe paramilitar Carlos Castaño y a integrantes de organismos de seguridad del Estado. Uno de los testigos clave, el paramilitar Francisco Villalba, que implicó a altos mandos militares y a funcionarios del DAS en el caso Garzón, fue asesinado ese mismo año, luego de dar esa información. En los años previos, había denunciado amenazas por sus declaraciones en este y en otros procesos judiciales.
El emblemático caso del asesinato no es indiferente para el presidente democrático Gustavo Petro Urrego. En agosto de 2024, cuando se conmemoraron los 25 años del hecho, lo recordó en la social X.
“En su nombre hice el primer debate del DAS, que descubrió los autores intelectuales de su crimen”, afirmó, y aseguró que “en Colombia no se puede seguir usando la violencia para callar la diferencia, a los críticos, al sistema”.
Su cercanía con la familia ha sido tal, que en junio de 2023, designó a Marisol Garzón, hermana del asesinado periodista y el rostro más visible de la lucha de su hermano, como cónsul en Cancún, en México.
Sin embargo, el Consejo de Estado anuló el nombramiento en 2024, al concluir que no cumplía con los requisitos legales para ese cargo, dado que había funcionarios de carrera diplomática disponibles para asumirlo y que no fueron tenidos en cuenta para dicha elección.
