Integrantes de un grupo armado al margen de la ley es el responsable de este homicidio.
El 13 de enero de 2026, la comunidad del municipio de Argelia, en el suroccidente del Cauca, se vio conmocionada por el asesinato de Miyer Ortega Solano, un reconocido líder social y defensor de los derechos humanos. La información, confirmada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, señala que Solano era una figura emblemática en la región, destacándose como miembro activo de diversas organizaciones comunitarias y campesinas.
Ortega Solano, quien había sido exdirectivo de la Asociación Campesina de El Patía, Agropatía, formaba parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupso) y tenía un rol significativo dentro de la Guardia Campesina. Su labor en la comunidad lo convirtió en un referente en la defensa de los derechos de los campesinos, lo que ha incrementado el luto y la indignación tras su trágica muerte. Según los reportes, el ataque se produjo en la vereda La Delgadita, una zona rural que actualmente es escenario de violentas confrontaciones entre el Ejército y las disidencias de diversos grupos armados, incluyendo la Segunda Marquetalia y el ELN.
El fatal desenlace ocurrió cerca de las 6:20 p.m., cuando Miyer Ortega se encontraba realizando labores agrícolas. Miembros de un grupo armado ilegal, supuestamente hombres armados, llegaron a la finca donde él trabajaba. En un acto premeditado, portaban una fotografía de Solano y lo requisaron. Testigos reportan que lo esposaron y lo sacaron del lugar, lo que generó pánico y preocupación entre otros campesinos que se percataron de la situación. Estos, al darse cuenta de lo que ocurría, alertaron rápidamente a otros líderes sociales de la zona y a las familias afectadas, evidenciando la inminente amenaza que enfrentan los defensores de derechos humanos en esta región.
A medida que la comunidad se unió para responder a la situación, un grupo de integrantes de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Paramilla, perteneciente al municipio de El Patía, decidió trasladarse al lugar de los hechos, con la intención de brindar apoyo a la familia de Solano y proteger su vida, integridad y libertad personal. Sin embargo, después de varias horas de angustiosa espera, se confirmó la devastadora noticia: el líder social había sido ultimado a disparos.
Recogiendo su cuerpo, la comunidad actuó de manera solidaria, trasladándolo a la morgue de un hospital cercano antes de informar a las autoridades pertinentes. Este acto de humanidad resalta cómo, a pesar de la adversidad, la comunidad se moviliza en busca de justicia y reconocimiento por aquellos que han perdido la vida defendiendo sus derechos. Miyer Ortega no solo era respetado en su localidad, sino que también ocupaba el cargo de vicepresidente del comité de maquinaria de la junta central del corregimiento de Santa Rosa Baja y era integrante activo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Paramilla.
La muerte de Ortega Solano es un capítulo más en la dolorosa historia de los líderes sociales en Colombia, especialmente en el Cauca, donde la violencia sistemática contra estos defensores ha escalado. Según las estadísticas de Indepaz, este ya es el cuarto caso de asesinato de un líder social en el primer mes de 2026, lo que subraya la grave crisis humanitaria en la región. Organismos como la Defensoría del Pueblo han emitido advertencias sobre el riesgo inminente que enfrentan los voceros de las comunidades en medio de la lucha por el control territorial entre grupos armados.
El caso de Miyer Ortega Solano, así como el destino de otros líderes en situaciones similares, refleja la difícil realidad que viven muchas comunidades en Colombia, donde el anhelo de paz choca frontalmente con la persistencia de la violencia. A medida que estas historias salen a la luz, es esencial que se procure justicia y se protejan los derechos de quienes, con valentía, defienden el bienestar y la dignidad de sus comunidades. La sociedad civil, junto con organismos internacionales, deben presionar para que el Estado colombiano tome cartas en el asunto, garantizando la seguridad y protección de los líderes sociales, quienes son pilares fundamentales en la construcción de una paz duradera.
Este tipo de hechos no solo impactan a la comunidad local, sino que también levantan un llamado global sobre la necesidad de fortalecer la protección de los derechos humanos en regiones azotadas por la violencia, recordándonos que cada vida perdida es una derrota para la esperanza de un futuro pacífico en paz.
