El teflón se desgasta: Corte ordenó pruebas que vinculen a Uribe con el paramilitarismo
El dicho la justicia cojea pero llega, toma fuerza en Colombia con las últimas disposiciones de las altas cortes ; en las últimas horas la Corte Suprema de Justicia ordenó pruebas para determinar si el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez , incurrió en responsabilidad u omisión por las masacres de La Granja en 1996, el Aro en 1997 y en el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, mientras fungió como gobernador de Antioquia.
El documento remitido por la Corte y conocido por La W, demuestra que en el proceso de El Aro se recoge dos masacres, el crimen de Jesús María Valle y nexos con los paramilitares.
La petición por parte de la Suprema Corte fue solicitar a la Procuraduría General de la Nación una copia del proceso disciplinario seguido en contra del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con el registro de todas las visitas y las declaraciones que hizo a centros de reclusión.
Otra de las peticiones de la alta corporación, fue solicitar a la Procuraduría de Caucasia una copia del proceso disciplinario contra miembros del Ejército Nacional por la masacre del Aro en el año 97.
Así mismo se solicitaron copias ante la Defensoría del Pueblo seccional Ituango, relacionadas con las denuncias recibidas por el defensor de derechos humanos, José María Valle, sobre la presencia de grupos paramilitares en Antioquia.
Es de recordar que a la Corte llegó la declaración del excomandante del Bloque de Autodefensas Cacique Pipintá, alias “Alberto Guerrero”, quien afirmó que a mediados de la década de los 90 fue conformado un grupo de autodefensas en el municipio de San Roque, Antioquia y que la Hacienda Guacharacas, propiedad de Uribe, era usada como base de operaciones por parte de este grupo paramilitar.
Por lo anterior, la Suprema Corte ordenó al Alto Comisionado para la Paz toda la información que tenga sobre Pablo Hernán Sierra, alias “Pipintá”, quien también informó que la hacienda mencionada anteriormente era usada como base de operaciones de los “paras”.
En esa misma línea, se pidió información sobre una masacre realizada en el 2001 por las AUC, bajo las órdenes de Carlos Castaño, con el fin de “rescatar” una finca que al parecer es propiedad del expresidente Uribe, llamada Mesa Verde.
Por ultimo se pidieron los testimonios de varias personas, entre los que se encuentra alias «Don Berna», alias «Don Mario», Juan Guillermo Monsalve, el exfiscal Montealegre, alias «Tuso Sierra», alias «El Alemán», entre otros.
La defensa de Uribe pidió escuchar los testimonios de: Ramiro Vanoy, alias «Cuco Vanoy», alias «Don Víctor», mayor Jorge Humberto Gonzales, Monseñor Julio Cesar Vidal, Eurídice Cortés, alias «Diana».
Cabe mencionar que Álvaro Uribe estaba siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, renunció a su curul en el Senado y la investigación pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación.
Un poco de historia:
Jesús María Valle Jaramillo (Ituango, Antioquia; 1943-Medellín, 27 de febrero de 1998) abogado y defensor de derechos humanos , fue asesinado por paramilitares, luego de pedir protección a Álvaro Uribe y a la Brigada IV del Ejército Nacional.
Valle Jaramillo, nació en Ituango (Antioquia), en una familia campesina de 10 hermanos, se trasladaron a Medellín, donde estudió en el Liceo Antioqueño. Se desempeñó como líder estudiantil y se graduó como abogado de la Universidad de Antioquia. Fue elegido como concejal de Ituango (Antioquia), diputado de la Asamblea Departamental en 1972 por el Partido Conservador y fue profesor en la Universidad de de Antioquia y la Universidad Autónoma de Medellín. Fue además defensor de derechos humanos y fundador en 1979 del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, denunciando los grupos paramilitares del Departamento. También fue candidato a la Asamblea Constituyente de 1991.
En 1996 solicitó al entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez y al comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional que protegieran a la población civil, por lo cual fue declarado como «enemigo de las Fuerzas Armadas». Denunció también las masacres de La Granja en 1996 y de El Aro en 1997, entre otros casos. En 1998 demando por calumnia al Ejército Nacional y a la Policía Nacional ante la Fiscalía General de la Nación.
Asesinato
Fue asesinado en su oficina en Medellín el 27 de febrero de 1998, por dos hombres y una mujer de la Banda Criminal La Terraza. Fueron condenados Álvaro Gómez Mesa y Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, como autores del asesinato. Fue condenado también Carlos Castaño, como autor intelectual del asesinato de Jesús María Valle. En 2007 el Consejo de Estado condenó al Estado Colombiano y ordenó el pago de una indemnización. En 2008 el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fue reabierta la investigación vinculando a Salvatore Mancuso y Isaías Montes Hernández, Junior. Para 2018 su caso fue declarado junto a tres masacres como de Lesa Humanidad. En 2019 el Tribunal de Medellín abrió investigación a Álvaro Uribe Vélez por este caso, y fueron condenados los hacendados y paramilitares antioqueños Jaime Alberto y Francisco Antonio Ángulo Osorio por su participación en el asesinato, en 2020 estos solicitaron su entrada a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En 2021, fue condenada la Fiscalía General de la Nación por el Consejo de Estado debido al exilio del fiscal que llevaba su caso.
Masacre del Aro:
La Masacre de El Aro fue una masacre perpetrada en el corregimiento El Aro, perteneciente al municipio de Ituango (departamento de Antioquia), cometida el 22 de octubre de 1997 por paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta masacre perdieron la vida más de 17 campesinos en estado de indefensión y otros tantos fueron despojados de sus bienes y desplazados de su territorio.
El desmovilizado comandante de las AUC, Salvatore Mancuso, confesó en un juicio, que se le sigue, de haber ordenado la incursión. Mancuso también incriminó al general del Ejército Alfonso Manosalva, quien murió en abril de 1997 y el cual estuvo implicado en otros casos de asesinato. Mancuso aseguró que las víctimas habían muerto en combate y que eran miembros de la guerrilla, hecho que contradice una anterior incriminación que presenta pruebas de tortura de las víctimas.
Para esta masacre se mencionó que se había utilizado el helicóptero de la Gobernación de Antioquia para transportar a los paramilitares. El 19 de abril de 2007 el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para la época en que ocurrieron los hechos era gobernador de Antioquia, negó que se hubiera utilizado alguno de los dos helicópteros diciendo que esto aparecería en los registros y cartas de vuelo, sin embargo, esta declaración no estuvo ausente de polémica, por cuánto, como es sabido, los planes de vuelo puede ser modificados, cambiados o simplemente no ser redactados.
Francisco Villalba, paramilitar que acusó a Álvaro Uribe de participar como autor intelectual de la masacre, fue asesinado. En noviembre de 2008, Mancuso dijo en versión libre, en audiencia virtual desde una prisión en Estados Unidos, que el ya fallecido Pedro Juan Moreno (quien para la época de la masacre era secretario de gobierno de Antioquia) se había enterado de antemano, por boca del comandante paramilitar Carlos Castaño, que la masacre sería perpetrada. Moreno había muerto en 2006 cuando cayó el helicóptero en el que se transportaba, en hechos que han sido ampliamente cuestionados y sobre los cuales se han levantado acusaciones de asesinato.
Mancuso confirmó además que sí hubo presencia de un helicóptero de la gobernación a la vez que mencionó la supuesta complicidad de varios miembros del ejército. En la actualidad la Corte Suprema de Justicia Colombiana y el Tribunal de Medellín adelantan investigaciones por la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en este escabroso crimen.
El 31 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró como crimen de lesa humanidad varios casos incluyendo la Masacre del Aro implicando que los asesinatos no prescribirán y, por lo tanto, podrán ser investigados en cualquier momento por el alto tribunal para determinar responsabilidades.
Masacre La Granja 1996
La Granja es un corregimiento ubicado en el municipio de Ituango, al norte del departamento de Antioquia. En junio de 1996, un martes 11, incursionaron aproximadamente 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) obligando a que la población cerrara los establecimientos y que salieran todos de sus casas.
Cuando reunieron a toda la población torturaron en frente de todos los pobladores, a cinco campesinos, algunos de ellos líderes sindicales, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla de las FARC. Los familiares de William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Jairo de Jesús Sepúlveda y Héctor Hernán Correa García vieron sufrir y morir a sus familiares en manos del grupo paramilitar al mando de Carlos Mauricio García alias “Doble Cero”, asesinado en 2004 y por ordenes de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, quienes también serían los presuntos autores intelectuales del crimen.
Junto a la Masacre de El Aro y San Roque la población abandonó su tierra, más de 700 personas fueron desplazadas forzosamente y perdieron sus cosechas de pancoger, sus viviendas y los espacios comunitarios se deterioraron, el puesto de salud, la institución educativa, el tejido social fue afectado, se dio una desintegración familiar e incluso perdida de sus costumbres. Los hechos ocasionaron graves daños individuales y colectivos.
Esta masacre fue promovida por un grupo de comerciantes y ganaderos que tenían de referente esta zona como un territorio controlado por las FARC, los patrocinadores era supuestas víctimas del grupo guerrillero y por ello promovieron la masacre, ofrecieron 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar a los campesinos, además se contó con la complicidad del Ejército, siendo señalado el general Monsalva.
Luego, el 27 de agosto de 2001, la población volvió a escuchar un rumor que decía “Ya vienen los paras.” Los pobladores comenzaron a huir, algunos se encerraron y a las 6 de la tarde comenzó un enfrentamiento entre las Autodefensas y las FARC, por segunda vez, se dio otra masacre dejando a seis personas muertas y nuevamente la comunidad fue desplazada.
La Fiscalía general de la Nación determinó que las víctimas eran solo campesinos y que estos nada tenían que ver con los grupos subversivos.
Años más tarde durante la desmovilización de los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso y Franciso Villalba vincularon a Álvaro Uribe de ser uno de los autores intelectuales de la masacre, junto a los hechos ocurridos en El Aro, quien para aquel entonces era gobernador de Antioquia e indicaron que este tenía conocimiento de las incursiones armadas, Mancuso confesó que las campañas presidenciales de Álvaro Uribe en 2007 fueron financiadas por paramilitares en ciertas regiones del país y además se afirmó que se buscaba mantener el control de estos corregimientos por ser parte de un corredor estratégico para la circulación de narcóticos.
En 2015, la magistrada María Consuelo Rincón reiteró investigar a Uribe por acción u omisión en esta masacre y el Tirbunal Superior de Medellín también ordenó que se le investigara por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien habría advertido de la llegada de los paramilitares a El Aro, La Granja y San Roque, en Ituango.
En las acciones armadas se vinculó al comandante de la IV Brigada, el general Carlos Alberto Ospina, el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán, al exgobernador y a Pedro Juan Moreno exsecretario de la gobernación de Antioquia. En 2011, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos profirió resolución de acusación en contra del Mayor de la Policía, José Vicente Castro, quien era comandante de una subestación de policía, la cual figura como cómplice de lo ocurrido.
El 1 de julio del 2006 a través de la sentencia “Las Masacres de Ituango VS. Colombia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se condenó al Estado por la masacre y ordenó pagar una indemnización de 3.400 millones de pesos a los familiares de las víctimas. En 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaro el homicidio de Jesús María Valle, la masacre de la Granja, El Aro y San Roque como Crímenes De Lesa Humanidad.
Pese a las acusaciones, testigos, testimonios, sentencias y demás pruebas, la impunidad persiste y el silenciamiento de la verdad ha sido uno de los limitantes principales para la reparación de las víctimas y para una verdadera paz. Hoy los jóvenes del corregimiento luchan por mantener viva la memoria de quienes fueron torturados y asesinados para que la historia nunca más se repita.
Víctimas de Masacre de La Granja en la Memoria. / Víctimas de Masacre de La Granja Sin Olvido. /
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
