Este es el mismo oficial que inundó de muertos y violencia al departamento Cauca por su postura de tratar de vencer a cualquier precio a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.
El país se encuentra sumido en un clima de indignación y preocupación tras la revelación de un escándalo que involucra directamente a las Fuerzas Militares, amenazando la confianza que la ciudadanía ha depositado en sus altos mandos.
La emblemática revista colombiana SEMANA ha destapado un caso alarmante que pone en tela de juicio la integridad del brigadier general Federico Mejía, quien habría utilizado un helicóptero del Ejército para facilitar la liberación de un narcotraficante en el departamento del Cauca.
Según la investigación periodística, que se apoya en una serie de documentos y testimonios, el hecho ocurrió tras la captura de un individuo que transportaba cocaína.
Contrario a los protocolos establecidos para la lucha contra el narcotráfico, se ordenó el traslado de este hombre en una aeronave militar, culminando en su posterior liberación, acto que ha sido atribuido directamente al comportamiento del general Mejía. Este episodio no solo plantea serias interrogantes sobre la relación de algunos miembros de la cúpula militar con organizaciones criminales, sino que también expone el uso inadecuado de recursos públicos en función de intereses ilegales.
La gravedad de la situación es aún más pronunciada considerando que el general Mejía ocupa un cargo de alto mando con responsabilidades estratégicas en la seguridad nacional. El uso indebido de un helicóptero del Ejército, que debe ser empleado exclusivamente para operaciones destinadas a contrarrestar grupos armados y proteger la soberanía del país, para facilitar la libertad de un narcotraficante, representa un claro abuso de poder y un acto de traición hacia la confianza ciudadana.
SEMANA subraya que la documentación recolectada evidencia la cadena de decisiones que llevaron a este escabroso desenlace, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de las instituciones ante la infiltración del crimen organizado. Este hecho escandaloso no parece ser un incidente aislado, sino que refuerza un patrón de corrupción que ha debilitado la legitimidad de las Fuerzas Armadas en regiones donde el narcotráfico tiene un impacto significativo.
Las repercusiones políticas y sociales de este escándalo son profundas y variadas. Por un lado, surge una crítica contundente sobre la capacidad del Estado para garantizar que sus altos mandos actúen con transparencia y un genuino compromiso en la lucha contra el narcotráfico. La percepción pública se ve severamente afectada, lo cual puede desencadenar una desconfianza generalizada y erosionar el apoyo civil a las instituciones militares que deben ser un bastión en la lucha contra la criminalidad.
Adicionalmente, SEMANA ha revelado que la Fiscalía se encuentra investigando a varios militares bajo el mando del general Federico Mejía. Estas indagaciones están enfocadas en supuestos vínculos con la Segunda Marquetalia, un grupo disidente que ha sido objeto de atención internacional debido a su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo. Específicamente, la operación Perseo, que involucró a Mejía cuando era comandante del Comando de Operaciones Especiales (Ccoes), ha sido señalada como un punto crítico en esta red de corrupciones.
Las denuncias indican que estos militares habrían narrado cómo la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, habría brindado apoyo logístico al Ejército para avanzar en acciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados rivales, lo que plantea una serie de cuestionamientos sobre la ética y el compromiso de los altos mandos con la seguridad nacional.
Por otra parte, también se menciona en el reportaje una posible alianza entre miembros del Ejército bajo el mando del general Mejía y civiles armados en Ortega, Cauca. Esta situación genera un ambiente de caos y desconcierto, donde la línea entre la legalidad y la ilegalidad se vuelve difusa, llevando a la sociedad a preguntarse quiénes realmente resguardan la seguridad del país.
Ante estas graves acusaciones, el general Federico Mejía se ha defendido, negando cualquier vínculo con grupos criminales. En sus declaraciones, aseguró que su trayectoria operacional está marcada por ofensivas sostenidas contra las estructuras del narcotráfico y las disidencias. Respecto al caso de Ramón Rojas, indicaría que la autorización para el porte de armas corresponde únicamente a la Séptima Brigada y a la Jefatura de Control y Comercio de Armas, intentando así deslindar su responsabilidad en los hechos denunciados.
Sin embargo, la percepción pública no parece mejorar. Las respuestas de Mejía y la dirigencia militar, lejos de calmar la tormenta, alimentan la sospecha de que existe un sistema complejo y arraigado de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. La confianza ciudadana, vital para el éxito de cualquier institución encargada de la defensa y la seguridad, se encuentra seriamente comprometida.
Lo que comenzó como un escándalo puntual podría convertirse en un llamado a la acción para reestructurar la relación entre el Estado y las Fuerzas Armadas. La ciudadanía demanda claridad, rendición de cuentas y un compromiso renovado hacia la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el fortalecimiento de la democracia. La historia de la corrupción en el país indica que esta no será la última vez que se enfrentan desafíos de esta magnitud, y es fundamental que la sociedad permanezca alerta ante las posibles infiltraciones del crimen organizado en sus instituciones más vitales.
