Además de exigir que el Gobierno derogue el decreto que eliminó el subsidio al diésel, el movimiento indígena se moviliza en rechazo a otras medidas de carácter neoliberal.
Los ecuatorianos enfrentan una nueva ola de agitación social en medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, que exige la liberación de los detenidos durante las protestas de las últimas semanas y la restitución de los subsidios al diésel, además de rechazar otras medidas de corte neoliberal del Gobierno que lidera Daniel Noboa.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, reconfirmó que el movimiento indígena “se mantendrá firme en las calles” hasta que el Gobierno de Noboa deje de criminalizar las movilizaciones y, entre otras acciones, reduzca el Impuesto al Valor Agregado (IVA), atienda la crisis en el sistema de salud pública, y aplique políticas sociales que permitan detener los crecientes niveles de violencia, el alto costo de la vida y la precarización del empleo, lo cual implica solucionar las causas estructurales, vinculadas con la pobreza y la exclusión histórica de las mayorías.
“Nos han acusado de terroristas y saboteadores, pero nuestra lucha sigue adelante”, declaró Vargas, quien denunció la represión en provincias como Imbabura, Otavalo y Cotacachi, donde se han registrado los principales bloqueos de carreteras.
⭕ #ParoNacional2025 | En el norte del país, comunidades indígenas de #Imbabura se movilizan hacia #Ibarra en una jornada de resistencia y dignidad.
Son 17 días de lucha por la vida y la justicia social: por la derogatoria del Decreto 126, contra la criminalización de la protesta… pic.twitter.com/44uMe7Z6YS— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 8, 2025
De acuerdo con el sistema ECU 911, en la mañana del 8 de octubre se reportaban ocho vías cerradas en el norte del país, principalmente en los ejes que conectan Imbabura con Pichincha y Carchi, aunque las rutas entre Quito y Machachi, Guayllabamba, Tabacundo o Santo Domingo permanecían habilitadas.
Gobierno ignoró las advertencias sobre posibles incidentes en Cañar
El conflicto alcanzó un punto crítico este 7 de octubre, cuando una caravana presidencial fue apedreada en la provincia de Cañar, mientras Noboa se dirigía a una comunidad indígena. El Gobierno calificó el hecho como “un intento de asesinato y un acto de terrorismo”.
El alcalde de Cañar, Segundo Yugsi, alertó con anticipación a la Gobernación y a la seguridad de la Presidencia sobre posibles incidentes durante la visita del mandatario a la provincia. Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas. Pese a su falta de respuesta y coordinación, el Gobierno califica lo ocurrido como un “atentado”, evidenciando una grave negligencia institucional y fallas en la gestión de seguridad presidencial.
Por su parte, la Conaie rechazó las acusaciones de magnicidio y aseguró que las cinco personas detenidas en Cañar por supuestos vínculos con el apedreamiento no son manifestantes y serán enjuiciados injustamente. Asimismo, acusó a Noboa de orquestar una provocación ingresando a una zona en que había pobladores en legítima resistencia y cuestionó la falta de previsión del equipo de seguridad presidencial.
Siguiendo el patrón de criminalización de la protesta, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que el apedreamiento de la caravana “denota un nivel de agresión sin precedentes”. Advirtió que el Ejecutivo “no permitirá que nadie amenace con tomarse Quito”.
El ministro del Interior de esa nación, John Reimberg, informó del despliegue de fuerzas especiales para resguardar las carreteras y proteger la capital. Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas por el atentado.
El paro nancional, que se extiende por más de dos semanas, se registra en vísperas del feriado nacional del 9 de octubre, fecha histórica para los ecuatorianos, y amenaza con prolongarse si el Gobierno no accede a abrir un diálogo político. Hasta el momento hay 117 personas privadas de la libertad, entre ellos once menores de edad y diez mujeres, además de decenas de heridos.
