La guerra obliga a las autoridades a tomar esta posición para proteger a los niños, niñas y adolescentes del corregimiento de El Plateado, Argelia.
La comunidad de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, se encuentra en una encrucijada que requiere atención urgente. La estación de Policía local, situada inadecuadamente cerca de la Institución Educativa Miguel Zapata, ha expuesto a cerca de 1.400 estudiantes a un entorno riesgoso debido a la constante amenaza de ataques. Este contexto, exacerbado por la presencia del frente disidente Carlos Patiño de las Farc y los recientes enfrentamientos en la región, impide que los niños y adolescentes reciban educación de manera segura.
La instalación de la base militar Charly, resultado de la operación Perseo del gobierno de Gustavo Petro, logró recuperar temporalmente esta zona rural. Sin embargo, el costo de esta «recuperación» se ha traducido en un ambiente de violencia que afecta directamente a la población escolar. La proximidad de la institución educativa a la estación de Policía convierte a los estudiantes y docentes en víctimas colaterales de un conflicto armado que persiste en el suroccidente colombiano. Los reportes de hostigamientos han llevado a que muchos estudiantes, por temor, decidan no asistir a clases, lo que tiene un impacto negativo en su desarrollo académico y emocional.
Ante esta alarmante realidad, el Gobierno Nacional ha decidido abrir espacios de diálogo que involucran a autoridades territoriales, representantes de la comunidad educativa, líderes sociales y la Fuerza Pública. Este proceso busca evaluar soluciones que garanticen la seguridad de los estudiantes, sin menoscabar la presencia del Estado en una región con un historial de violencia. La consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, ha destacado la importancia de considerar diferentes escenarios para reducir los riesgos mientras se mantiene el orden público, subrayando la necesidad de un enfoque que contemple tanto la seguridad como el derecho a la educación.
La preocupación expresada por docentes, padres de familia y directivos de la institución es completamente válida. Existe un clamor por soluciones estructurales que aseguren un ambiente escolar seguro y que además permitan reparar la infraestructura dañada por los actos violentos. La reubicación de la estación de Policía surge como una opción viable en las mesas de concertación que se formarán en el municipio, pero este no es un simple cambio geográfico; es un desafío que plantea la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la población civil y la presencia estatal en áreas históricamente vulnerables.
Mientras se desarrollan estas discusiones, la comunidad de El Plateado se mantiene en estado de alerta, esperando decisiones que prioricen la seguridad y el bienestar de sus familias. Es un momento crítico que requiere una respuesta integral y comprometida por parte de todas las partes involucradas, asegurando que el derecho a la educación no sea un lujo, sino una garantía para todos los niños y niñas que sueñan con un futuro mejor.
