El ente acusador busca llevar a juicio al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, y a tres exdirectivos por presuntamente alterar estados financieros para ocultar deudas con IPS, simular utilidades y evitar la intervención de la Superintendencia de Salud. El juicio iniciará el 23 de febrero.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y a otros tres exdirectivos de la entidad, por su presunta participación en un esquema que habría alterado los estados financieros de la aseguradora de salud con el fin de renovar su licencia de funcionamiento y evitar una intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
De acuerdo con el ente acusador, la investigación fue liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción y apunta también contra el exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; el exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y el exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez. Los hechos investigados habrían ocurrido entre los años 2019 y 2022.
Según la Fiscalía, durante ese periodo los exdirectivos habrían implementado un mecanismo para ocultar información contable relacionada con millonarias deudas que la EPS mantenía con distintas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). En total, la investigación permitió identificar 3.419.015 facturas que, presuntamente, fueron omitidas o dejadas sin procesar dentro de los registros financieros oficiales de la entidad.
El ente acusador sostiene que esta maniobra habría permitido presentar ante la junta directiva de la Nueva EPS un panorama financiero distorsionado, en el que se alteraron componentes claves como las reservas técnicas, los costos operativos, los ingresos y el patrimonio institucional. Con base en estos registros presuntamente modificados, la administración de la EPS habría reportado utilidades cercanas a los 70.563 millones de pesos, con el propósito de aparentar estabilidad económica.
Sin embargo, según la Fiscalía, la realidad financiera de la entidad reflejaba pérdidas sostenidas y múltiples obligaciones pendientes con prestadores de servicios de salud. La presunta manipulación de la información también habría sido enviada a la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de evitar medidas administrativas, entre ellas una eventual intervención estatal, y así lograr la renovación de la licencia de operación de la entidad promotora de salud.
Por estos hechos, los cuatro exdirectivos deberán enfrentar un juicio oral por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos del sistema de salud, de acuerdo con el grado de participación individual que determine la justicia.
Adicionalmente, la Fiscalía imputó al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, el delito de peculado por apropiación, al considerar que su conducta habría permitido un uso indebido de recursos destinados al sistema de salud.
La audiencia preparatoria de juicio fue programada para el próximo 23 de febrero, diligencia en la que se definirán las pruebas que serán presentadas durante el proceso judicial contra los exfuncionarios.
Este caso se convierte en uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de presuntas irregularidades dentro del sistema de salud colombiano, en momentos en que el país mantiene un amplio debate sobre la sostenibilidad financiera de las EPS y la prestación oportuna de los servicios médicos a millones de afiliados.
