La investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema da cuenta de que la ministra habría violentado las normas de contratación.
Ya es una información oficial. La Fiscalía General de la Nación presentó ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, y le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual. Esto lo publicó el ente investigador en sus redes sociales.
“El Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022 ordenó al Ministerio del Deporte liderar el proceso de contratación para la implementación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, que permitiera la asociación de la boleta al documento de identidad de los hinchas del fútbol y la verificación de antecedentes, con el fin de hacer efectivas las restricciones de derecho de admisión en los estadios. La investigación liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia da cuenta de que la ministra habría violentado las normas de contratación y los parámetros definidos en el Decreto 1622, donde se ordena que el proceso de escogencia del contratista debía garantizar la concurrencia de oferentes. No obstante, fue seleccionado de manera directa”, explica la Fiscalía en un comunicado.
Urrutia Ocoró, quien fue ganadora de una medalla olímpica para el país, fue Ministra del Deporte en este gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Sus posibles actos de corrupción le ha venido afectando la buena reputación que tenía como persona vinculada, exclusivamente, al deporte.
El nombramiento de deportista vallecaucana generó felicidad en este gremio porque además de la preparación que tenía, Urrutia también representaba uno de los más importantes hitos en la historia del Comité Olímpico Colombiano.
Antes de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, Colombia solo había ganado seis medallas, cuatro de bronce y dos de plata, pero en el país de Oceanía se registró lo impensado, María Isabel Urrutia levantó más peso que todas sus rivales en la competencia de halterofilia en la categoría de 69 kilogramos y ganó la primera medalla de oro para el país.
Es por ello que antes de que tuviera un cargo público, Urrutia solo era mencionada cuando se tenía que hablar de las glorias del deporte cafetero.
Tras su salida del Gobierno nacional, varias entidades comenzaron a investigar a la vallecaucana por algunos contratos firmados durante el tiempo que estuvo a cargo del Ministerio del Deporte, principalmente 202 que fueron firmados por la oriunda de Calendaría después de que el presidente había notificado públicamente que no seguiría al frente de la cartera.
“Lo he asumido con toda la tranquilidad y responsabilidad, sé que se hicieron las cosas bien y no nos robamos ni un peso, hicimos lo que había que hacer, pero nos faltó tiempo, la idea era llegar a todos los rincones de Colombia, pero no se logró… Funcionario público que no le toque procuraduría no será funcionario”, declaró Urrutia en un primer momento.
Finalmente, luego de más de un año desde su salida del Ministerio del Deporte y múltiples señalamientos en su contra por presuntos favorecimientos con allegados, a pesar de que negó haber estado involucrada en este tipo de acciones, el 21 de noviembre la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que informó que imputó cargos a Urrutia por irregularidades en un proceso de contratación.
De esta forma, la exdeportista deberá defenderse de los cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos relacionados con el trámite precontractual, ya que la fiscalía indicó que Urrutia intento favorecer a un particular para que recibiera un contrato con el que se buscaba establecer un software para impedir que a los estadios de fútbol ingresaran personas con antecedentes o que sean buscados por la justicia.
“La servidora pública, al parecer, buscó en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato; sin embargo, los condicionó a subcontratar a una particular con quien se había acordado desde el inicio del proceso que se quedaría con el proyecto”, es parte del comunicado emitido por la fiscalía.
