Fiscalía reconstruye los hechos del Paro Nacional del 2021 para conocer la verdad del estallido social en Cali
La Fiscalía inició investigación para conocer el número de víctimas y sus responsables, pues las cifras aportadas por la Fiscalía Barbosa no concuerdan con lo denunciado por organismos internacionales como la CIDH.
La Fiscalía General de la Nación ha ordenado la apertura de nuevas investigaciones sobre los hechos ocurridos durante el Paro Nacional de 2021, pues, según el gobierno nacional y diversas organizaciones de derechos humanos, estos eventos supusieron graves violaciones a los derechos humanos en el país.
Cali fue una de las ciudades más afectadas durante el paro, y uno de los sectores más impactados fue el área conocida como Puerto Resistencia, anteriormente llamada Puerto Rellena, al igual que varios sectores populares del oriente de Cali.
En este contexto, el pasado 13 de agosto de 2024 las autoridades de Cali y la Fiscalía 94 especializada en derechos humanos implementaron cierres viales en el oriente de la ciudad para facilitar el seguimiento de la investigación sobre el estallido social de 2021, periodo marcado por intensas protestas y violencia. Las vías en cuestión abarcan áreas de los barrios Charco Azul, Andrés Sanín y Siete de Agosto. Los cierres se implementaron desde las 8 a.m. hasta las 10 p.m. y contaron con la presencia de agentes de tránsito y miembros del Ejército Nacional para garantizar la seguridad y preservación de pruebas.
El objetivo de dichos cierres viales es reconstruir los hechos sucedidos en la ciudad entre los meses de abril y junio de 2021 en el Paro Nacional, tiempo en el que Cali sufrió un alto grado de violencia a causa de enfrentamientos entre la población civil y la fuerza pública, que dieron como resultado numerosas muertes y daños extensivos en la infraestructura de la capital del Valle.
Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indican que en las protestas a nivel nacional se registraron más de 50 muertes, aunque la Fiscalía de ese momento solo reportó siete. Según un informe de la CIDH y de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre el 28 de abril y el 5 de junio, 51 personas fueron reportadas como asesinadas en todo el país. De ellas, 21 habrían fallecido durante las protestas, 11 estaban aún por verificar y 19 casos habrían ocurrido durante este tiempo, pero la Fiscalía los clasificó como no relacionados con las protestas.
Además, otros organismos, como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, informaron que se reportaron 1.113 civiles lesionados, mientras que la Defensoría del Pueblo solo registró 18 casos de lesiones oculares. El presidente Gustavo Petro acusó al gobierno de Iván Duque de ser responsable de las muertes de al menos 60 personas, en su mayoría jóvenes integrantes de la Primera Línea, un movimiento social que demandaba cambios en las políticas gubernamentales para garantizar igualdad en educación, empleo y oportunidades.
En Cali, el estallido social dejó un saldo incierto de víctimas y los informes sobre el número de muertos son contradictorios. La CIDH y la OEA documentaron violaciones graves de derechos humanos y ataques tanto a manifestantes como a policías y las estaciones del sistema de transporte MIO fueron particularmente afectadas, con más del 90% de ellas dañadas.
Por todo esto, la Fiscalía está llevando a cabo una investigación detallada tanto para esclarecer el número de víctimas y los responsables, como para identificar la posible infiltración de grupos armados ilegales en las protestas. La falta de claridad en las cifras ha impedido resarcir los daños a las víctimas y superar el dolor causado por este episodio. Tanto la agrupación de víctimas como el gobierno nacional y la Fiscalía seguirán trabajando para reconstruir y descubrir la verdad sobre lo sucedido durante el Paro Nacional de hace tres años.
