Los habitantes de esa zona del país viven bajo confinamiento y con acceso limitado a alimentos debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera contundente los ataques contra comunidades vulnerables en el municipio de Bajo Baudó, en el contexto del paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional.
El jefe de la cartera calificó como “criminales” a los responsables de las agresiones, señalando tanto al Clan del Golfo como al ELN por intimidar a la población civil y cometer graves violaciones al derecho internacional humanitario. “Quienes atacan a las personas más vulnerables solo pueden ser llamados criminales”, enfatizó.
Sánchez advirtió que el confinamiento y las amenazas contra la población constituyen crímenes de guerra, y que su carácter sistemático los eleva a crímenes de lesa humanidad. Además, sostuvo que el ELN, lejos de representar a la ciudadanía, pone en riesgo su integridad y supervivencia.
Ante la situación, el Gobierno desplegó tropas de las Fuerzas Militares para retomar el control del territorio, con especial atención en los corredores fluviales del Bajo Baudó. En la operación participan unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, la Brigada No. 15 del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el objetivo de restablecer la seguridad y neutralizar a los responsables del paro armado.
De manera paralela, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita la captura de Edwin Londoño Arango, señalado como cabecilla del ELN en la zona. El ministro hizo un llamado a su desmovilización, advirtiendo que, de no hacerlo, será capturado mediante el uso legítimo de la fuerza del Estado.
Crisis humanitaria en el Bajo Baudó
El paro armado impuesto por el ELN desde el pasado 17 de marzo mantiene confinadas a más de 6.000 personas de 16 comunidades afrocolombianas y nueve indígenas en esta región del Chocó.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente por la situación humanitaria, advirtiendo que el acceso a alimentos, agua potable y servicios básicos se encuentra seriamente limitado, lo que agrava la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
La secretaria del Interior y Gobierno del Chocó, Jenny Rivas, anunció que la Alcaldía de Bajo Baudó adelanta el envío de ayudas humanitarias para atender la emergencia que enfrentan miles de habitantes confinados por la violencia.
De acuerdo con la funcionaria, la situación es crítica debido al desabastecimiento de alimentos y a la interrupción de actividades esenciales como la educación. Más de 6.000 personas permanecen en confinamiento por cuenta de las restricciones impuestas por actores armados ilegales, lo que ha generado serias dificultades en su vida cotidiana.
Las primeras acciones incluyen la entrega de 500 kits alimentarios y 500 paquetes con implementos de aseo. No obstante, el operativo inicial se vio afectado por condiciones climáticas que impidieron el aterrizaje de una aeronave en el corregimiento de Orpúa. Posteriormente, las autoridades lograron trasladarse hasta Pizarro, donde se llevó a cabo un consejo de seguridad y se dispusieron cerca de 10 toneladas de ayudas para su distribución.
La crisis también ha provocado desplazamientos internos. Según Rivas, al menos 150 personas del sector de Santa Rosa de Ijuá se han trasladado hacia Puerto Meluk Pacífico en busca de mayor seguridad.
Alerta por expansión del conflicto armado
Por su parte, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba advirtió sobre el riesgo de incursión de disidencias de las Farc en el sur del departamento, en medio del paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional.
La mandataria señaló que la posible llegada de estos grupos ilegales incrementa la tensión en la región y podría agravar aún más la crisis humanitaria. A esto se suma la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo, que mantiene bajo presión a las comunidades.
Entre las zonas más afectadas se encuentran las comunidades asentadas en los ríos Orpúa, Hijúa y Docampadó, donde se reportan desplazamientos forzados, limitaciones a la movilidad y la imposibilidad de desarrollar actividades básicas como la pesca y la agricultura.
