Las víctimas son integrantes de una misma familia indígena, denunció el congresista Ermes Pete Vivas.
En las últimas horas, el Cauca ha sido escenario de un nuevo acto de violencia que vuelve a poner en el centro del debate la situación crítica que enfrentan las comunidades campesinas e indígenas de la región. La confirmación del secuestro de tres integrantes de una familia perteneciente al Resguardo Indígena de Totoró ha generado una ola de indignación y preocupación entre los habitantes y líderes de esta comunidad.
El líder comunero y representante a la Cámara por el Cauca, Ermes Pete Vivas, fue quien dio a conocer la noticia del secuestro de Milton Jiménez, Cristina Quiguanas y su hijo Jordy Jiménez. Esta familia, que se movilizaba por una de las vías del centro del departamento, fue interceptada por un grupo armado aún no identificado mientras se dirigían hacia el sector de Alta Mira. Este hecho resalta no solo el riesgo al que se enfrentan diariamente las comunidades indígenas y campesinas, sino también la falta de seguridad en una zona que ha sido históricamente azotada por la violencia.
Según información proporcionada por miembros de la comunidad, tras ser interceptada, la familia fue llevada hacia áreas limítrofes con Guambía, Mosoco o Jambaló. Estos sectores son conocidos por ser puntos de conflicto entre disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que agrava la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades. Este secuestro es un claro indicativo de cómo el conflicto armado en Colombia sigue afectando la vida cotidiana de quienes habitan estas tierras, exacerba el miedo y desesperanza entre los pobladores, y pone en peligro la existencia de las culturas y tradiciones indígenas.
Es urgente que el Estado y las instituciones correspondientes tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de estas comunidades. La violencia no solo atenta contra la vida y la integridad de las personas, sino que también destruye el tejido social y cultural que ha perdurado por generaciones. Las comunidades campesinas e indígenas del Cauca merecen vivir en paz y con la garantía de sus derechos.
El caso de la familia Jiménez Quiguanas es solo una muestra más de la prolongada crisis humanitaria en el Cauca y la necesidad de un enfoque serio y comprometido que aborde las causas profundas del conflicto, así como la implementación de políticas que promuevan la inclusión y el respeto por los territorios ancestrales. Es esencial que la sociedad civil, los organismos internacionales y los medios de comunicación se sumen a este clamor para que la violencia contra las comunidades campesinas e indígenas no continúe siendo una tragedia silenciada en la historia del país.
