Grupo de indígenas que utilizan niños para mendigar se tomaron la alcaldía de Medellín.


En la mañana de este miércoles 22 de febrero, un grupo de indígenas Embera, entre ellos mujeres que llevaban a sus hijos en brazos o caminando, y que se encontraba en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra en Medellín, ingresó de manera violenta al primer piso de la alcaldía y vandalizó varias zonas de esta planta. Inicialmente se trataba de una manifestación que se desarrollaba en las calles del centro de Medellín y que terminó desplazándose a la plazoleta de La Alpujarra. Los ánimos se caldearon y algunos indígenas instaron al resto a ingresar a la fuerza a la alcaldía, derribando vallas y confrontando a las autoridades.

¿Quiénes eran los interesados en que los indígenas ingresaran de esa forma?

De acuerdo con algunos de los manifestantes, los motivos para la protesta son «la persecución de la que son víctimas y que les afecta su derecho al trabajo». 

Estos argumentos se relacionan con los operativos que la alcaldía y las autoridades realizan en semáforos y corredores principales de la capital antioqueña, pues la administración del alcalde Daniel Quintero ha instado a que las madres de los mencionados grupos originarios no usen a sus hijos pequeños para trabajar (mendicidad) en las vías públicas, situación que se ha visto de manera recurrente en Medellín.

El alcalde Quintero rechazó el acto y señaló que respeta la posición de las comunidades que se han manifestado, pero que su administración no va a ceder ante sus pretensiones, teniendo en cuenta que —según él— usan a los menores para pedir dinero a los transeúntes.

Lo que pretenden los líderes de esta protesta es que se les  permita usar los niños  y niñas para pedir plata y trabajar, solicitud que no fue aceptada por el alcalde: «En Medellín esto no está y no estará permitido», concluyó el mandatario.

Algunos de los manifestantes señalaron que la alcaldía no los deja  vender sus productos en la calle y que eso ha llevado a que se atrasen en los pagos de arrendamiento de los lugares en donde viven. La situación ha sido aprovechada por la oposición, quienes aseguran que el alcalde esta reprimiendo la protesta de los indígenas y no les da oportunidades para vivir. 

El diputado de la Asamblea de Antioquia Luis Peláez, del partido Dignidad, aseguró que el alcalde está ofendiendo al departamento con sus palabras, pues no brinda soluciones y, de alguna u otra forma, no entiende las necesidades de las comunidades indígenas.

Frente a la situación registrada en la alcaldía, el Cabildo Mayor Indígena Emberá de Medellín emitió un comunicado en el que explica que las familias que protagonizan la incursión que obligó el desalojo del centro administrativo no pertenecen al cabildo urbano de Medellín, sino que se trata de indígenas que llegan esporádicamente a la ciudad desde sus territorios. En el documento, también explican que estas personas nunca coordinaron sus acciones con el cabildo, por lo que no tenían conocimiento de sus planes.

Este hecho, la instrumentalización de mujeres y menores de edad indígenas para la mendicidad, es una práctica que se ha vuelto común en varias ciudades del país; en Cali, por ejemplo, aparecen indígenas Embera por temporadas y son ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad, con un bafle, donde deben bailar reguetón, mientras sus bebés quedan tirados en el andén envueltos en mantas. Luego, llegan vehículos que les dan comida y les recogen el dinero que los peatones les regalan. 

¿Quiénes están detrás del negocio de la mendicidad indígena? A los indígenas los han despojado y los usan políticamente para sus intereses. Se aprovechan de su ignorancia y miseria, los sacan de su territorio para mendigar y ahora la culpa, seguramente dirán, es de Petro.

Finalmente los indígenas, provenientes del municipio de Bagadó, Chocó, fueron trasladados a un coliseo mientras se adelantan las mesas de diálogo y concertación con las autoridades;  el grupo manifestante busca  que les permitan a las mujeres «trabajar» en compañía de sus niños, además de ser reconocidos como víctimas del conflicto armado.

«Los acuerdos a los que se llegaron fue de trasladarlos a ellos, a todas las comunidades indígenas, a un coliseo de la ciudad donde estarán mientras se desarrolla la Mesa de Concertación donde está Alcaldía, la Unidad de Víctimas, está Bienestar Familiar y acompaña Procuraduría, Defensoría y Personería como garantes», explicó el personero de Medellín, William Yeffer Vivas.

Las solicitudes acerca de albergue, alimentación, ser reconocidos como víctimas del conflicto armado, el retorno a sus territorios y que se cumplan los compromisos que se han pactado antes con ellos en esos aspectos serán varios de los temas que se analizarán con los delegados de las familias indígenas.

Según el personero, se espera que durante los próximos días se haga el censo completo de los cerca de 800 indígenas y se llegue a acuerdos con ellos, pero hay un punto en el que ninguna autoridad u organismo de control piensan ceder.

«Existe una postura por parte de todas las instituciones y es que los niños no pueden ser instrumentalizados. Eso es de los temas que van a ser producto de conversaciones en la mesa de concertación. Aquí siempre hay un interés superior, hay un derecho que requiere y merece toda la atención por parte del Estado, de todas las instituciones y es la protección de los niños y niñas», añadió Vivas.

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