La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, aseguró que con la revisión “se logra recuperar la visión integral” del proceso “con la inclusión de temas centrales”.
El viernes 22 de noviembre, el Gobierno nacional confirmó que se amplió el Plan Marco de implementación del acuerdo de paz con la entonces guerrilla de las Farc, el cual se firmó hace ocho años, durante la presidencia de Juan Manuel Santos.
Esta ampliación del plan tiene como fin de fortalecer los compromisos para su efectivo cumplimiento y su prolongación hasta 2038, agregó el Ejecutivo.
El Plan Marco contenía 517 indicadores que comprometen a 53 entidades y dependencias del Estado a cumplir lo establecido en el acuerdo de paz, pero este viernes se añadieron 80 nuevos y se hicieron 120 ajustes a los ya existentes.
“Desde el Gobierno nacional garantizaremos el pleno cumplimiento de estos nuevos compromisos, lo que implicará un esfuerzo presupuestal adicional, así como, la ampliación temporal de la implementación del acuerdo hasta el 2038″, indicó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en un comunicado.
Los ajustes están “dirigidos a fortalecer los compromisos estratégicos del acuerdo como la reforma rural integral, las garantías de seguridad, los enfoques diferenciales étnico y de género y los temas de verdad, justicia y reparación”.
Mientras tanto, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, expresó que con la revisión “se logra recuperar la visión integral” del proceso “con la inclusión de temas centrales” que fueron incluidos en el acuerdo suscrito por el Gobierno y las Farc el 24 de noviembre de 2016, con lo que “se logra que el Plan Marco se acerque más a lo pactado”.
Entre las nuevas medidas se incluyen el acceso y formalización de la tierra para campesinos que participan en acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito, los enfoques de género y étnico de manera transversal a los seis puntos del acuerdo y el fortalecimiento de los mecanismos para la protección y garantías de seguridad a los firmantes de paz y a los líderes sociales.
Además, instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y otras dependencias estatales asumirán nuevos compromisos en la implementación.
