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Oficiales de la Trigésima Brigada de Cúcuta a responder por presuntas irregularidades en contratación

Oficiales de la Trigésima Brigada de Cúcuta a responder por presuntas irregularidades en contratación. 

Suspendidos dos coroneles, un mayor y una subteniente del Ejército por manejos indebidos de millonario contrato


La Procuraduría General de la Nación profirió fallo sancionatorio de primera instancia con suspensión de 4 y 3 meses, contra los miembros retirados y activos del Ejercito:

 

Coroneles, Pedro María Vega Lozada y Jairo Fernando Acuña Molano, Mayor Adrián López Villamizar y a la Subteniente, Diana del Rosario Cuaical Escobar, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de contrato de compraventa para la adquisición de insumos médicos quirúrgicos y productos de aseo para protección de todo el personal expuesto al Covid-19 en las instalaciones del establecimiento de Sanidad Militar (DISMED).

Las irregularidades en el contrato de compraventa celebrados por el Ejército Nacional y la empresa PACIFIC GROUP AND BUSINESS S.A.S, por un valor de 51 millones 834 mil pesos, reporta presuntos sobrecostos y porque la firma contratista no contaba con la idoneidad para suministrar estos elementos, según se evidenció en el certificado de existencia y representación legal de la citada firma.
La Procuraduría también señaló que dentro de las fallas encontradas en el proceso de contratación directa por urgencia manifiesta, la oficina de planeación CENAC Cúcuta al parecer omitió sus funciones dentro del procedimiento de selección objetiva.

Hombre pagó siete millones de pesos a papás de una menor de edad para abusar de ella

Hombre pagó siete millones de pesos a papás de una menor de edad  para abusar de ella

El sujeto de 55 años de edad pagó el dinero a los padres de la niña de 13 años de edad para llevarsela de la casa y abusar sexualmente de ella.


La Procuraduría General de la Nación solicitó al director regional (E) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) información sobre las acciones adelantadas en este aberrante caso. 
De acuerdo con las investigaciones la niña de 13 años  habría sido entregada por sus padres a un sujeto de 55 años quien, al parecer, pagó siete millones de pesos para llevársela a Santander y abusar sexualmente de ella. 
El ente investigador solicita a Rodrigo Elías Daza Vega, titular de ese despacho,  informar la fecha de apertura del proceso de restablecimiento de derechos, su estado actual y las medidas de protección adoptadas en favor de la menor de edad.
La Procuraduría también busca establecer cuál ha sido la intervención y acompañamiento psicológico por parte del ICBF para la niña y su familia.
El organismo regional deberá remitir las actuaciones de verificación de derechos por parte de las entidades competentes, y las acciones desplegadas en garantía de los derechos de la menor de edad para asegurar el efectivo abordaje y garantía de su protección integral.
De otra parte, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer solicitó al Personero Municipal de Riohacha que evalué el seguimiento e intervención administrativa adelantados por el ICBF, “garantizando el acceso a la justicia, a la no revictimización y a una vida libre de violencias para la niña y su familia”.
Por último, dada la gravedad de este caso conocido a través de los medios de comunicación, el Ministerio Público requirió a la Secretaría de la Mujer en La Guajira, un informe detallado sobre la activación de rutas de atención intersectorial, para la atención integral de violencia sexual en favor de la menor de edad involucrada.