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Atentados y hostigamiento armado sacuden al Valle del Cauca
Atentados y hostigamiento armado sacuden al Valle del Cauca
En los últimos días, se han presentado hechos de violencia en el sur occidente del país. El departamento del Valle del Cauca no es ajeno a estos, puesto que en las últimas horas sucedieron dos atentados con explosivos a estaciones de policía de Cali y una discoteca en Tuluá. Además, un hostigamiento armado se presentó en el municipio de Dagua.
El primer hecho de violencia sucedió este sábado en la noche en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, en donde dos sujetos que se transportaban en una motocicleta fueron quienes según investigaciones previas atentaron contra la vida de oficiales del CAI del sector y de la comunidad.
Según versiones preliminares de las autoridades, dos hombres desconocidos a bordo de una motocicleta son los presuntos responsables del atentado. En el hecho uno de los hombres —el parrillero— lanzó un artefacto explosivo al centro de reclusión transitorio del sector. La explosión no dejó víctimas mortales ni heridos, pero lamentablemente un perro criollo perdió la vida por la explosión y otro más terminó herido.
Este era Negro, el perrito criollo que perdió la vida en medio del ataque, acompañó a los agentes de policía del CAI por dos años. Foto sacada de internet.
Horas después, en horas de la madrugada del domingo 30 de julio, sucedió un segundo hecho en el que fue arrojada una granada a otro CAI de policía, esta vez en el barrio Mojica al oriente de Cali. Afortunadamente, el dispositivo no explotó y el personal antiexplosivo de la Policía Nacional pudo detonarla de manera controlada sin generar daños.
Para estos hechos violentos sucedidos en la capital del Valle, la Policía de Cali y la Secretaría de Seguridad de la ciudad están adelantando investigaciones para dar con el paradero de los responsables de estos hechos. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali aseguró: «Estamos recolectando videos de cámaras de seguridad de la zona y haciendo todo el despliegue interinstitucional con el fin de dar con la ubicación y captura de los responsables de este hecho terrorista». Por su parte, el secretario de Seguridad de Cali, Jymmy Dranguet, dijo que se trabajará en conjunto con las autoridades para esclarecer estos hechos que agobian a los ciudadanos.
Estos hechos se suman al hostigamiento en Dagua ocurrido el sábado: en esta ocasión, los pobladores vivieron momentos de zozobra y temor cuando se presentaron ráfagas de fusil dirigidas al CAI del municipio, lo que obligo a los pobladores a encerrarse en sus casas. En medio de las balas también quedaron funcionarios de la sede de la Registraduría Nacional, ya que en el momento se estaban finalizando los horarios de inscripción de los candidatos a las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre de 2023.
Los hechos intimidantes a la población fueron perpetrados presuntamente por el frente Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC, y según algunas versiones fueron realizados con armas de largo alcance disparadas desde las zonas rurales del lugar.
La alcaldesa del pueblo, Ana María San Clemente, denunció días antes en medios locales que habían aparecido pancartas alusivas a las disidencias: «[Dejaron] una pancarta del GAOR (Grupo Armado Organizado Residual) Jaime Martínez en el corregimiento del Limonar, donde en semanas anteriores se había puesto una similar. Ya fue retirada por nuestra Fuerza Pública y esperamos adelantar un Consejo de Seguridad», señaló la funcionaria.
Por último, en el centro del Valle, también se presentaron hechos violentos: en Tuluá, en horas de la noche del sábado, un artefacto explosivo fue lanzado por desconocidos a las afueras de la discoteca Hollywood, ubicada en la carrera 40. En este hecho, al parecer, resultaron heridas dos personas con la explosión.
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La SIC abre investigación al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Presunta corrupción en el Programa de alimentación Escolar, acuerdos previos en los contratos del PAE en el Cauca por más de 50 mil millones de pesos habrían provocado la investigación.
Este 26 de julio de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación contra tres asociaciones que participaron en seis procesos de contratación del PAE en el departamento del Cauca. La investigación pretende esclarecer si tres asociaciones —Asipcom, Asopopayán y Asotambo— y cinco personas naturales habrían incurrido en irregularidades para la adjudicación de los procesos al dividirse los procesos y las zonas.
Durante la etapa preliminar de la investigación, las tres asociaciones presuntamente habrían obtenido un acuerdo restrictivo de la competencia (colusión). Esto se habría hecho con el objetivo de aumentar injustamente sus posibilidades de ganar los contratos, en perjuicio de otros proponentes y también afectando los objetivos originales del PAE. Estas acciones podrían haber perjudicado la competencia justa y equitativa e impactado de manera negativa la transparencia y la efectividad del programa, informó la SIC.
Así mismo, la SIC mencionó que «la gobernación del Cauca presentó la denuncia ante la SIC en un proceso de selección del PAE. A partir de la información suministrada, Superindustria desarrolló actividades investigativas que sugieren que la presunta colusión no se habría limitado al proceso de selección denunciado, sino que se habría replicado en cinco procesos de contratación adicionales, que en total suman más de 50 mil millones de pesos» .
Al momento, la investigación no constituye una decisión definitiva. Las personas investigadas deberán formular argumentos de defensa y la decisión tendrá lugar después de que se desarrolle toda la investigación administrativa, informó la SIC.
Estos son los Procesos de contratación que adelantó la gobernación del Cauca en el marco del PAE en el departamento:
• Licitación Pública No. 09 de 2017, cuyo presupuesto oficial fue de $ 13.135.908.000.
• Licitación pública No. 08 de 2018, cuyo presupuesto oficial fue de $10.881.838.000.
• Licitación pública No. 09 de 2019, cuyo presupuesto oficial fue de $15.697.471.000.
• Selección abreviada No. 01 de 2019, cuyo presupuesto oficial fue de $1.211.314.000
• Selección abreviada No. 02 de 2019, cuyo presupuesto oficial fue de $2.479.977.000.
• Licitación pública No. DC-SED-LP-342, cuyo presupuesto oficial fue de 2020 $14.700.246.660.
Es fundamental que las autoridades realicen una investigación minuciosa y objetiva para determinar responsabilidades y garantizar que los recursos destinados al PAE sean utilizados adecuadamente en beneficio de los estudiantes y la comunidad, además de implementar medidas necesarias para prevenir futuras irregularidades.
Por contratos con influencers, Procuraduría formula cargos contra jefe de Prensa de la alcaldía de Cali
Por contratos con influencers, Procuraduría formula cargos contra jefe de Prensa de la Alcaldía de Cali
Luz Marina Cuéllar Salazar, jefa de Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali, enfrenta un nuevo escándalo con la formulación de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación, entidad que la acusa de haber incurrido en presuntas irregularidades en contratos celebrados con influenciadores. La funcionaria habría firmado contratos con personajes públicos que tienen gran presencia en redes sociales para publicitar la gestión de la Alcaldía. Sin embargo, según el ministerio público, estos creadores de contenido no fueron las personas idóneas para llevar a cabo esta labor, pues al parecer estas personas no cumplían con los requisitos para la prestación de dichos servicios.
Además, el ente de control indicó que Cuéllar pudo haber omitido los requisitos que debían cumplir los creadores de contenido para desarrollarlo en plataformas sociales y validó documentación que no cumplía con las especificaciones.
Dentro de los requisitos, los contratistas debían tener conocimiento y experiencia previa en creación, difusión y divulgación de contenido en redes sociales, incluso debían demostrar que eran profesionales preparados y certificados por alguna institución de educación superior, el cual que no fue cumplido por los contratistas.
«La funcionaria pudo incurrir en falta disciplinaria al avalar los documentos presentados por contratistas, sin que se ajustaran a lo exigido en los estudios previos, en los que se especificó que se debía tener conocimiento certificado para crear, difundir y divulgar el material que se publicaría», señaló la Procuraduría.
Por todo lo anterior, la Procuraduría indicó que; la jefe de Comunicaciones posiblemente quebrantó los principios de responsabilidad y de selección objetiva, y mientras se desarrollan las investigaciones para identificar su responsabilidad en los señalamientos, calificó las presuntas conductas como «faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima».
Cabe recordar que no es la primera vez que se pone en tela de juicio la transparencia en la adjudicación de contratos con la oficina de comunicaciones de Cali: la Personería también formuló cargos a la jefa de comunicaciones por irregularidades de la misma índole. Igualmente, en 2021 fue investigada por el ministerio público por un contrato que se entregó a creadores de contenidos y en el que se invirtieron 59 millones de pesos. Hasta el momento, la funcionaria no ha emitido ninguna explicación sobre estos hechos que desacreditan nuevamente a la administración de Jorge Iván Ospina.
Después de casi un año, integrantes de la «Primera Línea» recuperaron su libertad
Después de casi un año, integrantes de la «Primera Línea» recuperaron su libertad
En un giro inesperado, varios jóvenes del Valle del Cauca y otras regiones del país, detenidos en el paro nacional de 2021 por presuntamente pertenecer a la «Primera Línea», fueron dejados en libertad por vencimiento de términos en sus procesos judiciales.
Los jóvenes de este movimiento social, protagonista en el estallido social hace dos años, fueron arrestados en medio de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública durante las protestas que tuvieron lugar en el país. Los manifestantes fueron acusados de delitos como: tortura, secuestro, homicidio, hurto y daño en bien ajeno, por los que permanecieron detenidos en centros penitenciarios de Jamundí, Palmira, Pereira y Popayán. Sin embargo, la Fiscalía no logró presentar pruebas contundentes que demostraran su participación en los delitos que se les imputaban, lo que llevó a que el plazo establecido para la presentación de cargos expirara.
El Juzgado Tercero Municipal de Garantías de Buga concedió la libertad de varios jóvenes presuntos integrantes de este movimiento social, entre ellos Karina Reyes Varela, Daniela Idrobo y Jorge Luis Gordillo Coronado, quienes se encontraban recluidos en la cárcel de Jamundí acusados de los delitos de secuestro agravado. Este mismo Juzgado ordenó la liberación de Epifanio Domínguez Ríos, John Deivid Castillo Murillo y Víctor Alfonso Tascón González, que también fueron señalados de los mismos delitos y estaban presos en el centro penitenciario de Palmira.
Imagen sacada de internet
Otros jóvenes liberados por el Juzgado Quinto Municipal de Tuluá fueron: Carlos Julio Calero y Cristian David Granadas Sánchez, recluidos en la cárcel de Pereira, el primero sindicado de supuestamente cometer delitos de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego y homicidio agravado, mientras que el segundo era acusado de daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto y secuestro simple. Por último, también recuperó su libertad Miguel Ángel Gonzalo Pérez, que permanecía en la cárcel de Popayán por daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto, secuestro simple y tortura.
Luego de 333 días sin que la Fiscalía General de la Nación comprobará su culpabilidad en los delitos, e incluso, hasta el 23 de julio de 2023, día en el que los juzgados ordenaron las liberaciones, no se había llevado a cabo ni un solo juicio en contra de los implicados.
Esta situación ha generado una profunda división de opiniones en la comunidad. Mientras algunos ven la liberación de los jóvenes como un triunfo para los derechos humanos y la garantía de un debido proceso, otros la consideran una medida que podría dejar impunes actos de violencia y alteración del orden público.
Reforma educativa no incorporará el grado 12 en los colegios del país
Reforma educativa no incorporará el grado 12 en los colegios del país
El Ministerio de Educación emitió aclaración respecto a la polémica que causó el borrador de la reforma de educación dada a conocer este 20 de julio. En uno de sus artículos el texto insinuaba que el sistema de educación secundaria del país se extendería en un grado más; es decir, los estudiantes de bachillerato no culminarían su educación media en el onceavo grado (11°), sino en un duodécimo grado (12°).
El artículo 16 del documento preliminar de la reforma dictó lo siguiente: «el Estado consolidará un sistema de articulación entre la educación media y superior, que propenda por el acceso progresivo de los estudiantes a esta última, lo que podrá incluir el grado duodécimo (12°)». Esto generó molestia en algunos estudiantes y padres de familia en el país, pues en un principio se pensó en la posibilidad de que hubiera cambios en el modelo de educación media colombiano.
Ante las especulaciones relacionadas al proyecto de ley estatutaria del Ministerio de Educación, que busca que la educación sea tenida en cuenta como un derecho fundamental para todos los jóvenes del país, el ministerio aclaró que hay malinterpretación del texto. Óscar Sánchez, viceministro de esa cartera, señaló: «No estamos diciendo que en Colombia el bachillerato vaya a dejar de terminar en el grado 11. No se va a extender un grado más el bachillerato, pero existe la articulación de la educación media con la superior (…) ahí se puede ir avanzando parte de la educación superior».
En este orden de ideas, lo que quiere lograr esta proposición es que los estudiantes reciban formación en educación superior al tiempo que cursan el bachillerato, tal y como se ve en algunas instituciones educativas del país que tienen alianzas con centros educativos superiores como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el que en sus últimos años de colegio los jóvenes pueden tener una formación técnica a la vez con el bachillerato. Esto les proporciona a los estudiantes la posibilidad de recibir una doble titulación, o sea una certificación del bachillerato y otro técnico laboral.
Lo mismo ocurre con las escuelas normales superiores que forman a sus estudiantes con énfasis en preparación de docentes, lo que puede ser beneficioso para ellos, puesto que al momento de terminar el bachillerato pueden conseguir oportunidades laborales en escuelas primarias o jardines infantiles.
«Lo que queremos es fortalecer la articulación entre la educación media con la universitaria, sea que los colegios o escuelas implementen un grado para que los estudiantes empiecen a tomar materias universitarias, esto de acuerdo con los convenios que hagan con las instituciones de educación superior», señaló el funcionario del ministerio de educación.
Con esta estrategia, el ministerio de educación le apunta a que sea oficializado este método de educación en todas los colegios públicos y privados del país, y para esto se están llevando a cabo pilotos de este proyecto para beneficiar a los estudiantes colombianos, empezando en colegios de Soacha que han hecho convenios con la Universidad de Cundinamarca; el objetivo es que los estudiantes que están cursando los últimos grados de educación secundaria puedan cursar materias cuyos créditos sirvan para acceder a esta Universidad y puedan homologarlos e iniciar semestres adelantados en alguna carrera profesional.
Así mismo, la jefa de la cartera, Aurora Vergara, manifestó que se están adelantando conversaciones con organizaciones estudiantiles para sacar adelante una reforma educativa equitativa que beneficie a todos los estudiantes de Colombia.
«Desde el Ministerio hemos abierto y liderado diferentes espacios para escuchar, conocer y recibir los comentarios, observaciones, sugerencias y propuestas que nos han permitido hacer un ejercicio robusto de construcción colectiva. En suma, se han adelantado diálogos permanentes por la educación superior regionales, acompañamiento a asambleas populares estudiantiles y encuentros con todos los actores de la vida universitaria. Las diversas voces y aportes serán tenidos en cuenta porque buscamos consolidar una ley de educación superior que ofrezca las mejores oportunidades para todas y todos los colombianos», finalizó la funcionaria.