Imputada exasesora del Ministerio de Hacienda por el escándalo de corrupción en la UNGRD
En la tarde de este jueves ocho de mayo, la Fiscalía General de la Nación imputó a la exasesora del Ministerio de Hacienda y enlace de la entidad con el Congreso de la República, María Alejandra Benavides Soto, el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo.
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De acuerdo con el ente investigador, las pruebas acreditan que, desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, la exfuncionaria recibió la instrucción de admitir de senadores y representantes a la Cámara específicos varios proyectos contractuales en los que se interesaron ilícitamente, a cambio de que concurrieran y votaran las operaciones de crédito público que el Ministerio de Hacienda había presentado al Congreso en julio del mismo año.
María Cristina Patiño, Fiscal del caso, señaló que la exfuncionaria, Benavides Soto, habría participado en la reunión en la que se solicitó al director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, tramitar y celebrar los proyectos contractuales en beneficio de los parlamentarios.
El primer cargo imputado a Benavides es el de interés indebido en la celebración de contratos. Estos contratos habrían sido utilizados como una herramienta para garantizar votos favorables a los préstamos multimillonarios requeridos por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El ente investigador también imputó a Benavides el delito de tráfico de influencias por parte de un servidor público. Según la investigación, la exfuncionaria habría intervenido en la asignación de tres contratos que, en conjunto, suman un valor de 92.000 millones de pesos.
Estos contratos estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Adicionalmente, suministró al exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, los nombres de los funcionarios de los entes territoriales y de los contratistas que referenciaron los congresistas para que fueran favorecidos.
Durante la audiencia, la Contraloría General de la República, la representación de víctimas acreditadas en el caso (la Ungrd) y la jueza solicitaron a la Fiscalía aclarar si hubo apropiación de recursos públicos en el esquema denunciado. La respuesta fue categórica: “No hubo apropiación de recursos públicos”. Esta afirmación fue determinante para que la jueza considerara que la imputación estaba debidamente fundamentada.
Una vez la Fiscalía realizó la imputación de carogs, la jueza explicó a Benavides que, al quedar formalmente vinculada a la investigación penal, tenía dos opciones: aceptar los cargos o negarlos.
La exfuncionaria respondió que no aceptaba los cargos, argumentando que estaba en proceso de negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía.
