El hombre hacía parte de un cartel que cobraba por eliminar infracciones. Habrían recibido más de 100 millones de pesos por estas labores.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Alfredo Solarte García, personero delegado para la Secretaría de Tránsito de Cali, por su presunta participación en un entramado de corrupción en el que se habrían exonerado del pago de comparendos a varios infractores de normas en la capital vallecaucana.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cali, le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho propio.
Los cargos no fueron aceptados y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. De acuerdo con la investigación, el hombre, en el ejercicio de sus funciones, habría integrado una estructura delincuencial dedicada a realizar maniobras administrativas para que no fueran cobradas 525 multas de tránsito, de 326 ciudadanos, entre el 2019 y el 2022. Al parecer, recibieron a cambio 103 millones de pesos.
Las evidencias recopiladas permitieron establecer que el funcionario público habría participado en la expedición de resoluciones que revocaban los comparendos, exoneraban el pago y se abstenían de imponer sanción. Alfredo Solarte García fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, luego de arribar en un vuelo internacional.
El hombre habría salido del país, luego de que fueron judicializados, en junio pasado, varios funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali y particulares que harían parte de esta red delincuencial.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre la suerte de las demás personas que fueron capturadas. Sin embargo, se conoció que los procesos siguen en curso.
Además, desde la Alcaldía de Cali han informado en reiteradas ocasiones que se están haciendo constantes monitoreos al interior de la Secretaría, para así evitar que se presenten nuevamente estos hechos irregulares que terminan generan un detrimento en las finanzas del municipio, debido a que dejan de entrar recursos que en teoría servirían para la inversión en diversos proyectos de ciudad.
