Un juez de control de garantías dispuso el desarchivo del proceso por presuntas injurias y calumnias, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo hubiera cerrado por anticipado.
Un juez de control de garantías ordenó reactivar la investigación penal contra el expresidente Andrés Pastrana, en el marco del proceso por presuntas injurias y calumnias instaurado por el actual mandatario, Gustavo Petro.
La decisión fue anunciada por Alejandro Carranza, abogado del jefe de Estado, tras una audiencia realizada ante el Juzgado 60 Penal con Función de Garantías. A través de su cuenta en la red social X, el jurista informó que el despacho judicial dispuso el desarchivo del expediente y la reapertura formal de la actuación, que meses atrás había sido cerrada por la Fiscalía General de la Nación al considerar que los hechos denunciados no constituían delito.
Según explicó la defensa del presidente, con esta determinación el proceso retorna a una etapa preliminar de verificación probatoria. Carranza aseguró que el juez encontró elementos nuevos que justificarían continuar con la indagación, en aplicación del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, y sostuvo que existiría un patrón reiterado de publicaciones en X orientadas —según su postura— a difamar al mandatario.
El abogado también enfatizó que la decisión judicial no implica una condena ni representa una limitación a la oposición política. En ese sentido, indicó que el debate se encuentra en una fase inicial y que la libertad de expresión no ampara, a su juicio, imputaciones fácticas “graves, claras y personalmente determinables”.
Durante la diligencia, de acuerdo con lo manifestado por Carranza, la fiscal del caso respaldó la solicitud de reapertura y se opuso a los recursos presentados por la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Julián Quintana.
El origen del proceso se remonta al 28 de noviembre de 2023, cuando Pastrana publicó en su cuenta de X un mensaje en el que afirmó que la campaña y la Presidencia de Petro eran “la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”. Tras esa declaración, el jefe de Estado interpuso denuncia penal por injuria y calumnia al considerar que tales señalamientos afectaban su honra e integridad moral.
En agosto de 2025, la Fiscalía había decidido archivar el caso por atipicidad de la conducta. Sin embargo, con la reciente orden judicial, la investigación vuelve a activarse y quedará ahora sujeta a las actuaciones procesales que correspondan en las próximas etapas.
