La misma suerte podrían correr las detenciones de otros implicados en el sonado caso de contrabando, denunciado por el presidente Gustavo Petro.
El caso que involucra a exintendente de la Policía Nacional, José Helí Alzate Moncayo, inmerso en la indagación de una red de contrabando en Colombia, y con corte internacional, tiene un nuevo capítulo: el capturado recuperó su libertad por vencimiento de término, es decir, la justicia colombiana fue lenta en este proceso.
El expolicía fue dejado libre la mañana del miércoles 23 de abril de 2025, por un fallo judicial relacionado con ese beneficio ante el incumplimiento de entidades de la Fiscalía de adelantar las respectivas audiencias en los tiempos establecidos en el código de procedimiento penal.
Hay que decir que Alzate es uno de los cinco capturados por presuntos vínculos con Diego Marín Buitrago, conocido como el supuesto ‘zar’ del contrabando en Colombia.
De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía, Alzate habría tenido un papel clave dentro de la red de contrabando, al estar relacionado con la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según los hallazgos que llevan hasta el momento las autoridades colombianas con ayuda de otros países en el continente y en Europa, el exintendente se encargaba de movilizar grandes sumas de dinero a lo largo del territorio nacional.
Estos recursos económicos al parecer habría sido utilizados para pagar sobornos a funcionarios públicos con el fin de evitar controles aduaneros, facilitando así el ingreso ilegal de mercancías al país.
El caso de Alzate forma parte de una investigación más amplia que apunta a desmantelar un grupo delincuencial dedicado al contrabando, liderado por Diego Marín, conocido bajo el alias de ‘Papá Pitufo’.
El ente investigador señaló que esta organización sería responsable de introducir hasta el 80 por ciento del contrabando que ingresa al país.
Dentro de esta estructura, Alzate habría trabajado bajo las órdenes de Ricardo Orozco Baeza, alias ‘el Bendecido’, que es señalado como el principal socio de Marín.
La red, según las autoridades, operaba mediante un esquema que involucraba pagos ilícitos a funcionarios públicos, como policías, para garantizar el paso de mercancías sin ser detectadas. Este modo de obrar criminal habría permitido a la organización consolidarse como una de las principales responsables del contrabando en Colombia, afectando gravemente la economía nacional y el comercio legal.
La decisión judicial que dejó en libertad a José Alzate marca un precedente dentro de este caso.Esta es la primera vez que uno de los implicados en la red de “Papá Pitufo” queda libre por vencimiento de términos.
El fallo fue respaldado por el Ministerio Público, y se tome que pueda abrir la puerta para que otros detenidos en este proceso, incluido Ricardo Orozco Baeza, enfrenten la misma suerte.
Aunque José Alzate ha quedado en libertad, el caso de la red de contrabando liderada por “Papá Pitufo” continúa bajo investigación.
Las autoridades deberán enfrentar el desafío de avanzar en los procesos judiciales contra los demás implicados, evitando nuevos vencimientos de términos que puedan comprometer el curso de la justicia.
El proceso judicial contra Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo y señalado como el ‘zar’ del contrabando en Colombia, enfrenta un nuevo retraso. La audiencia de apelación presentada por la defensa del acusado, que estaba programada para el 11 de abril, fue reprogramada para el 27 de junio.
La decisión fue tomada por la juez 51 penal del circuito de Bogotá, Andrea Patricia Rodríguez, y argumentó que la acumulación de trabajo en su despacho ha impedido avanzar con la revisión de las pruebas y registros del caso.
De acuerdo con el documento oficial firmado por la juez Rodríguez, la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia en la fecha prevista responde a razones de fuerza mayor. Desde su nombramiento el pasado 13 de febrero, la magistrada ha enfrentado una carga laboral significativa, atendiendo un promedio de seis audiencias diarias, lo que ha ocupado la totalidad de su jornada laboral.
Esta situación ha dificultado la revisión de los once registros audiovisuales de las audiencias preliminares, así como del material probatorio presentado por la Fiscalía y los argumentos de la defensa de Marín Buitrago, señaló la misma
