Así fue confirmado por los integrantes de la Asociación Campesina Agroambiental de la Cordillera del Patía, Agropatía.
Alrededor de 7.000 campesinos del municipio de El Patía, en el departamento del Cauca, anunciaron que se preparan para movilizarse hacia la cabecera municipal de El Bordo con el fin de exigir una reunión inmediata con el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, en rechazo a las fumigaciones con glifosato en sus territorios.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Asociación Campesina Agroambiental de la Cordillera del Patía (Agropatía), la movilización se llevará a cabo el próximo 30 de enero y contará con la participación de más de 5.000 campesinos. La jornada tiene como propósito exigir el cese definitivo de la política de fumigación y presentar una propuesta de transformación territorial que garantice condiciones de vida dignas para las comunidades rurales.
Los voceros de Agropatía señalaron que los habitantes de las zonas rurales de El Patía, así como campesinos de otros municipios del sur del Cauca, han manifestado su disposición para participar en programas sociales que permitan sustituir los cultivos de uso ilícito, siempre y cuando existan garantías reales por parte del Estado.
“Nuestra comunidad tiene una posición clara: existe voluntad política y social para frenar la siembra de hoja de coca, pero esto solo será posible si el Estado propone una concertación seria que garantice la supervivencia económica de las familias campesinas”, afirmaron los manifestantes, quienes aseguran que la economía regional, incluida la de ciudades como Popayán, depende en gran medida de esta actividad. “Vivimos de la coca porque no nos queda otra alternativa”, expresaron.
Con el fin de sustentar sus exigencias, los integrantes de Agropatía plantearon tres ejes de trabajo que, aseguran, permitirían avanzar en un diálogo efectivo con el Gobierno y facilitar el acceso del campesinado a la inversión social estatal.
El primero de estos puntos es un pacto por la sustitución voluntaria de cultivos. “Manifestamos desde ya nuestra disposición de frenar la expansión de los cultivos de uso ilícito mediante un acuerdo integral que contemple acceso real a la tierra, infraestructura técnica y canales de comercialización para nuestros productos”, explicó Diego Reyes, uno de los líderes campesinos.
El segundo eje corresponde al rechazo total a las fumigaciones con glifosato por cualquier modalidad. Las comunidades denunciaron que la aspersión aérea o terrestre es una medida fallida que afecta gravemente la seguridad alimentaria y la salud de los campesinos, sin atacar las causas estructurales de la pobreza en la región.
Finalmente, los campesinos exigieron la instalación urgente de una mesa de diálogo regional durante la jornada de movilización del 30 de enero, con la presencia de delegados de alto nivel del Gobierno Nacional y el compromiso de entidades como la Gobernación del Cauca para invertir en el territorio, como paso fundamental para dejar atrás la economía ilegal.
“Exigimos un encuentro presencial que permita formalizar una ruta de transición productiva, sostenible y con enfoque territorial. La coca ha sido nuestra única alternativa frente al abandono estatal, pero estamos dispuestos a apostarle a la legalidad si el Gobierno nos ofrece garantías reales y no solo veneno”, concluyeron los voceros.
Se espera que a esta movilización también se sumen campesinos de municipios vecinos como Balboa y Argelia, donde actualmente se realizan asambleas comunitarias en veredas y corregimientos para definir su participación en esta jornada de protesta social.
