Los falsos positivos y la impunidad de las altas cabezas del Ministerio de Defensa
Por: Edilson Huérfano Ordóñez. / Candidato a doctor en Comunicación, Universidad de La Plata – Centro de Investigación Orlando Fals Borda
El fenómeno de los falsos positivos en Colombia no puede entenderse sin observar la responsabilidad política de quienes dirigieron el Ministerio de Defensa durante los años en que esta práctica alcanzó sus mayores dimensiones.
Aunque hoy son juzgados y condenados mandos medios y tropa, la sociedad colombiana sigue preguntándose por qué las cabezas principales del sector defensa no han respondido ante la justicia.
Marta Lucía Ramírez (2002 2003)
Con la llegada de Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se consolidó la política de “seguridad democrática”, que introdujo una lógica perversa:
Las Fuerzas Militares debían mostrar resultados inmediatos en cifras de bajas. Esa presión derivó en incentivos perversos: ascensos, condecoraciones y beneficios económicos para quienes presentaran supuestos combatientes dados de baja. Con Ramírez se sembraron las bases del patrón criminal.
Jorge Alberto Uribe (2003 2005)
Su sucesor, Jorge Alberto Uribe, mantuvo la misma política de presión y exaltación de resultados operacionales. Durante su gestión, los informes de ejecuciones extrajudiciales comenzaron a aumentar de manera notoria en diferentes regiones del país, sin que se aplicaran correctivos institucionales.
La omisión frente a las denuncias tempranas constituye un silencio cómplice.
Camilo Ospina (2005 2006)
Camilo Ospina es recordado por haber impulsado la Directiva Ministerial 029 de 2005, que formalizó la entrega de recompensas por muertes en combate.
Esta directiva reforzó el incentivo macabro que convirtió a civiles en objetivos militares. Hoy es vista como un documento clave que institucionalizó el conteo de cuerpos como medida de éxito, acelerando la práctica de los falsos positivos.
Juan Manuel Santos (2006 2009)
Más tarde, con Juan Manuel Santos al frente de la cartera de Defensa, se produjo uno de los mayores escándalos de ejecuciones extrajudiciales, como el caso de los jóvenes de Soacha (2008).
Si bien Santos fue quien reconoció públicamente el problema y tomó medidas tardías como la destitución de oficiales, la pregunta sigue en pie: ¿por qué permitió que los crímenes se consolidaran antes de reaccionar? Su responsabilidad política es innegable.
La deuda pendiente con la justicia
Hasta hoy, ni Marta Lucía Ramírez, ni Jorge Alberto Uribe, ni Camilo Ospina, ni Juan Manuel Santos han respondido ante los tribunales por su rol como máximas autoridades de la política de defensa. Se limitan los procesos a soldados y oficiales de rango medio, pero quienes diseñaron, avalaron o ignoraron las condiciones que originaron los falsos positivos permanecen en la impunidad.
La justicia transicional, representada por la JEP, ha reconocido que estos crímenes fueron sistemáticos y que no se trató de hechos aislados. Sin embargo, el país aún espera que se esclarezca la responsabilidad de los altos mandos y de los ministros de Defensa de la época, porque sin verdad completa y sin rendición de cuentas en todos los niveles, la reconciliación será incompleta.
