Perú: así se preparó el gobierno fascista de Dina Boluarte para reprimir la Tercera Toma de Lima.
Medios de comunicación revelaron este martes 18 de julio que las Fuerzas Armadas, FF.AA. de Perú, que recibieron la orden de apoyar a la Policía Nacional (PN) durante la Tercera Toma de Lima, adquirió municiones para pistolas, implementos de protección y seguridad personal, y equipos de comunicaciones, todo de uso militar.
Todo ante anunciada movilización popular, de carácter pacífico, organizada en repudio al Gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte y para exigir justicia por las víctimas de la represión policial, el cierre del Congreso, elecciones generales adelantadas y la convocatoria a una asamblea Constituyente. ¡Arde Perú!
La adquisición de estos medios fue dispuesta por el Comando Conjunto de las FF.AA. Según su Oficina de Comunicaciones, tal equipamiento «debe ser utilizado en el misionamiento (sic) que se le dé a las Fuerzas Armadas cuando resguardan los activos críticos, a solicitud de la Policía Nacional. Para esa función no van a ir sin equipamiento porque también hay riesgo».
#Atención | Según el reporte de @Defensoria_Peru, al menos 27 ciudades realizarán movilizaciones pacíficas y actos de protesta en contra de Dina Boluarte y el @congresoperu. #TomaDeLima #MarchaNacional pic.twitter.com/tSnBqPihY7
— 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) July 18, 2023
El Comando Conjunto adquirió 55.000 municiones para pistola (calibre 9 x 19 mm, de punta blanda, por valor de 42.336 dólares), así como es equipamiento para protección (7.906.920 dólares) y equipos de comunicaciones, baterías y repuestos (526.093).
Dentro del surtido de equipos de protección adquiridos, se incluyen 3.000 trajes, 1.500 cascos y 1.500 escudos antimotín, 1.290 chalecos tácticos antibalas, 810 escudos balísticos y 3.000 bastones policiales tipo tonfa.
Estas adquisiciones se pagaron en un solo plazo a la empresa proveedora, Sourcing Group Corp., basada en la ciudad de Miami, al sur de los Estados Unidos, EE.UU.
El ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que detendrán a quienes encabecen las manifestaciones y valoró que ello constituiría un duro golpe para las protestas.
Expresó: «Tenemos que entender que detrás de esto hay un tema ideológico y político. Vamos a dar, dentro de poco, un golpe muy importante para desbaratar organizaciones que están detrás de la Toma de Lima».
Hasta el momento se han situado contingentes policiales en los accesos de Lima, donde registran y fichan a las personas que llegan desde las diversas provincias para tomar parte en las protestas.
Romero precisó que se desplegaron alrededor de 24.000 policías, 11.000 de ellos en Lima y el resto en las provincias de la nación Inca.
Más de mil efectivos fueron ubicados en la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Ica (sur). Los contingentes más fuertes velarán los sectores del kilómetro 263 del Barrio Chino, el kilómetro 283 de la Expansión Urbana y el kilómetro 300 de El Álamo, donde en anteriores protestas se organizaron extensos cortes de ruta por piquetes.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió cerca de 3 millones de dólares al Ministerio de Defensa para labores de inteligencia y contrainteligencia, y en paralelo bancos han transferido más de un millón de dólares a la PN para la vigilancia durante la movilización.
Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (@cnddhh), explica qué hacer frente a las sorpresivas intervenciones policiales a puertas de la marcha nacional del 19 julio. pic.twitter.com/aJsPZj8BMV
— 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) July 17, 2023
Frentea este tema, el defensor del Pueblo de ese país, Josué Gutiérrez Cóndor, confirmó los controles policiales en los accesos a Lima y pidió a la PN que garantice no se maltrate o vulneren los derechos, entre ellos el libre tránsito de los manifestantes.
Añadió que personal de la Defensoría se mantendrá en los puntos de control para velar por que no se cometan abusos y que se capacitó personal para acudir a los hospitales y comisarías de ser necesario.
Por otra parte, informó que solicitaron a la Fiscalía y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos establecer mecanismos mínimos para proteger a los ciudadanos.
