Pese a incumplimiento del Gobierno, se desarrolló mesa por la vivienda en Cali
El pasado viernes 19 de mayo se desarrolló la tercera Comisión Interinstitucional por el derecho a la vivienda en Cali. Espacio de diálogo y concertación entre procesos de viviendistas, familias desalojadas, consejos comunitarios y juntas comunitarias con delegaciones del Gobierno a nivel tanto nacional como municipal, para abordar el déficit y la problemática de vivienda en Cali.
La Minga de Organizaciones Sociales y Comunitarias de Cali y el Valle del Cauca es una plataforma donde confluyen alrededor de 26 procesos sociales, organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, habitantes de asentamientos, comunidades de familias desplazadas, colectivos de abogados, consejos comunitarios, viviendistas y defensores de los derechos humanos, que se han organizado en esta convergencia para exigir al Gobierno Nacional y Municipal soluciones prontas a temas muy concretos con relación a la vivienda.
- Detener los desalojos por parte de la Administración Distrital de Santiago de Cali
- Frenar citaciones policivas a familias por parte del Plan Jarillón.
- Censos participativos y reales,
- Declaratorias de ‘Emergencias Humanitarias’ que den cuenta de la situación de vulnerabilidad de las familias y exigir alivios humanitarios para atender la situación
- Desarrollo normativo para creación de protocolos de garantías de derechos para la prevención de desalojos
- Estudios y destinación de predios para proyectos de auto construcción comunitaria de vivienda
- Estudios e identificación de ejidos (tierras del estado) para la destinación a familias sin vivienda
- Legalización de predios para construcción de barrios y reevaluación de los programas subsidiarios de vivienda, entre otros.
Según la Minga de Viviendistas, la vivienda en Cali presenta con un déficit de 146 mil viviendas y un acumulado de 15 mil desalojos en diez años. El deficit a nivel nacional según el DANE, asciende a 5,24 millones de viviendas y se necesitarían 400 mil viviendas al año para superarlo.
En tanto, el último estudio del Ministerio de Vivienda arroja que para superar dicha brecha a nivel nacional hacen falta casi 200 billones de pesos y aproximadamente 123 años para solucionarlo.
Pese a que el inicio de esta comisión se había citado a las 9:00 de la mañana en el Centro Cultural de Cali hace más de un mes en el encuentro anterior y que tenía como finalidad entregar resultados y rutas definidas, las delegaciones del Gobierno Nacional y Municipal incumplieron con su asistencia.
Esto motivó a los viviendistas a apelar al cierre de la Calle 5ta con Carrera 5ta como forma de protesta frente al incumplimiento. Una delegación del Gobierno Nacional acudió al lugar a calmar la situación, citar la reunión como se tenía pactada inicialmente junto con Administración Municipal y solicitar la apertura del espacio al Centro Cultural de Cali.
Finalmente, la Comisión se logró llevar a cabo con la presencia de delegación del Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, la Sociedad de Activos Especiales, la Agencia Nacional de Tierras, Secretaría de Paz y Bienestar Social del Municipio, la Secretaría de Vivienda Social y subsecretarias de Mejoramiento Integral y Legalización, y de Gestión y Oferta de Vivienda.
«El derecho a la vivienda no es solamente al espacio de residencia, sino al entorno y a los derechos conexos que garantizan niveles de vida digna como principios integradores de DDHH universales. Ratificados. El derecho a la vivienda fue establecido por vez primera en el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de 1948» – Minga de Viviendistas Cali
Las partes citaron una nueva reunión que cumpla con el seguimiento y la veeduría a los pactos y compromisos acordados el pasado viernes. Además, de llevar rutas claras, de parte y parte, que den solución al problema.
El derecho a la vivienda en Colombia está considerado como un derecho de caracter asistencial, es decir, que aunque no es considerado fundamental, el Estado y sus gobiernos deben garantizar las condiciones necesarias y promover las políticas públicas correspondientes para garantizarlo.
