Por concierto para delinquir y cinco delitos más fueron imputados fiscal e investigadores en Sucre.
El Juez Segundo Promiscuo Municipal de Sincé, con funciones de control de garantías, legalizó la captura de una fiscal, un abogado y cuatro investigadores de la entidad que prestan sus servicios en Sucre.
Dicha legalización cobija a la fiscal Marta Luz Valeta Herazo, que se desempeña en el municipio de San Marcos; a su primo, el abogado Yahany Merlano Valeta y a los investigadores del CTI Freddy Arroyo, Richard Fuentes Gómez, Diana García y Ramón Espinosa Benavides, quienes habrían cometido acciones ilegales en el municipio de Sincé.
La Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo les imputó los delitos de concusión, concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión agravado, peculado por uso, acceso abusivo a sistema informático y revelación de secreto.
Es de anotar que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, estuvo en el departamento de Córdoba inaugurando un punto de atención en el municipio de Canalete, en donde habló de la corrupción en los departamentos de Córdoba y Sucre:
«Esta Fiscalía es una Fiscalía que lucha contra la corrupción con resultados, no con discursos. En ese sentido, hasta el final de este periodo de cuatro años seguiremos hablando con resultados en las ciudades, en las calles, en las veredas y en todos los territorios del país», expresó el autoproclamado segundo funcionario más importante de Colombia.
Sin embargo, Barbosa no se refirió a la corrupción en la entidad que él dirige en Sucre que ya deja dos fiscales condenados (Tomás Mier Sotelo y Yeine Lin Hernández) y otros tantos investigados, al igual que miembros del CTI. Obviamente tampoco se refirió a las capturas de su fiscal e investigadores de dicha unidad.
La corrupción en este caso es tan grande que el Juez Penal Segundo Promiscuo Municipal de Sincé, que procesa desde la semana pasada a los funcionarios de la Fiscalía y al defensor público, fue amenazado de muerte y en razón a ello presentó su renuncia. El juez denunció que recibió, a través de su número celular, una amenaza de muerte si no dejaba en libertad a los procesados:
«Al final de la audiencia de legalización de captura regresaron las llamadas a mi abonado, diciéndome que tenía 50 grandes razones para dejar en libertad a los seis capturados, que si no lo hacía me iban a buscar, amarrar, llevar a una finca y picar para luego botarme al río de la Mojana en Sucre como un perro».
Por estos hechos la audiencia preliminar que continuaría este miércoles no se realizará hasta que el Tribunal Superior de la Judicatura no resuelva la situación con el juez de Sincé. Por ahora queda pendiente resolver la solicitud de medida de aseguramiento. Además, se conoció que por esta situación de seguridad el proceso será trasladado a la ciudad de Bogotá.
Los detenidos, de acuerdo con la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, son considerados como parte una «estructura criminal». En Córdoba han sido vinculadas 51 personas por diferentes conductas asociadas con corrupción, y entre los procesados se encuentran 8 alcaldes, 1 fiscal, 28 funcionarios y 2 contratistas; mientras que en Sucre han judicializado a 157 personas, entre ellas 30 servidores públicos, 14 contratistas, 4 exalcaldes y 6 alcaldes.
