El mandatario denunció cómo algunos líderes políticos adelantan reuniones para planear y ejecutar un golpe de Estado.



“No hay reunión con la fuerza pública de los jefes de partido sin la presencia del presidente, comandante de toda la fuerza pública. No más sedición y búsqueda de golpes. Aquí se necesita, es unión, diálogo y paz. Colombia está bajo ataque por un enemigo que se llama: mafia».

Así lo escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X al hacer referencia a la solicitud que hicieron algunos presidentes de colectividades políticas que quieren reunirse con las Fuerzas y Militares y de Policía para hablar de garantías de seguridad para los candidatos y los partidos.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, el jefe de Estado se refirió, además, al caso del intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y, para este fin, le informó al país las decisiones que está tomando el Gobierno para el proceso investigativo que se adelanta sobre este caso.

En este sentido, el presidente Petro anunció que “he pedido, a través de la embajada de EE.UU., que los organismos secretos de ese país, ayuden a profundidad en la investigación del intento de asesinato del senador Uribe Turbay. El arma del sicario fue comprada en Arizona, EE.UU., y pasó por la Florida».

De la misma manera, aseguró, en la red social, que “he solicitado la reunión de la cúpula militar y policial en Cali. Allí estaré. Se estudiará toda la información que relacionan las oficinas de la mafia de la región con el atentado al senador Uribe Turbay».

Además, el mandatario de los colombianos indicó

En su publicación, escribió: “Golpe de Estado es haber metido tanques y fusiles a la Comuna 13, haber entregado el poder público al poder paramilitar para que desaparecieran a centenares de personas y haber utilizado La Escombrera como fosa común de ciudadanos. Dictadura es matar 6.402 jóvenes inocentes con balas del Estado. Eso es un verdadero golpe de Estado”.

La afirmación del mandatario hizo alusión a hechos ocurridos en gobiernos anteriores, y apunta a violaciones graves de derechos humanos para contrastar con el escenario actual.

En su planteamiento, remarca que las decisiones del Ejecutivo no representan actos de fuerza, sino mecanismos democráticos de participación.

Las palabras del presidente se dan en medio de una creciente controversia jurídica y política sobre la viabilidad de usar un decreto para convocar una consulta, cuando la ruta ordinaria contempla la autorización legislativa.

Algunos constitucionalistas han advertido que avanzar sin dicha aprobación podría acarrear consecuencias legales, mientras otros sostienen que existen resquicios jurídicos que podrían permitirlo si se argumenta en el marco del derecho a la participación ciudadana.

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