Presidente Gustavo Petro denunció la pérdida de más de un millón de municiones del Ejército.

La cifra se obtuvo luego de que se realizara una inspección a dos bases militares en La Guajira y Tolemaida. El mandatario también advirtió que estas perdidas revelarían la existencia de una red de tráfico de armas en el interior de dicha institución.


Según el Presidente, son más de un millón de misiles, granadas y municiones, entre otros elementos, que habrían sido saqueados del Fuerte Militar de Tolemaida y de la Brigada 10 ubicada en La Guajira.

Aunque desde el Gobierno no confirmaron cuánto tiempo lleva en marcha el presunto saqueo, el mandatario denunció que existen redes criminales integradas por integrantes de las Fuerzas Militares y civiles dedicadas a la venta ilegal de armas del Estado, como en el caso del Cauca, donde algunos funcionarios del Ejército, en alianza con policías y algunos funcionarios de la UNP, trafican con estos elementos, aprovechando sus cargos. 

Incluso, fue más allá y sostuvo que estas irían con destino a grupos criminales, no solo de carácter nacional, sino también internacional.

«Sus demandantes, en mi opinión a grupos armados en Colombia, los explosivos con que se volaron los retenes en la vía Medellín-Bogotá provenían de Tolemaida», aseguró el Jefe de Estado.

Señaló al mayor en retiro del Ejército Juan Carlos Rodríguez «Zeus» de ser uno de los exponentes de estas asociaciones para delinquir, pero no el único. Agregó también que este material de guerra se destina «probablemente [a] conflictos extranjeros como el de Haití, a siete horas en lancha rápida de la base de La Guajira, y probablemente al mercado de armas a nivel internacional».

También agregó, «Como ustedes pueden observar, solo entre municiones 5.56 hay más de 1 millón de municiones pérdidas. Entre municiones, explosivos, granadas y armas como misiles, etcétera, tenemos que la única manera de explicar este tipo de faltantes es que han existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las Fuerzas Militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas, usando las armas legales del Estado colombiano, con destino, serían sus demandantes, en mi opinión, a grupos armados en Colombia».

Por su parte, el ministro de Defensa Iván Velásquez señaló que las investigaciones están en curso y ya se separaron integrantes de las Fuerzas Militares involucrados en este escándalo.

Se compulsaron copias a la Justicia Penal Militar por las acciones administrativas y penales que determinarán las responsabilidades. «Hay decisiones adoptadas de separación en las unidades inspeccionadas», señaló.

Sin embargo, el jefe de la cartera de Defensa que calificó el hecho como «inaceptable» y declaró que se iniciarán, desde mayo, más revisiones en otras unidades militares para verificar prácticas como estas. No descartan más investigaciones y la salida de presuntos involucrados.

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