El comunicador Bernat Lautaro cubría las protestas contra el alza del diésel y otras medidas neoliberales. Su caso no es el único: se han documentado agresiones contra otros periodistas incluso con el uso de gas lacrimógeno.


Los integrantes de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, alertó sobre la detención arbitraria y eventual deportación del periodista español Bernat Lautaro, quien documentaba las protestas que desde hace dos semanas sacuden a Ecuador contra la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas de corte neoliberal del actual Gobierno.

En un comunicado de prensa difundido en la red social X, Inredh informó que las circunstancias de la aprehensión resultan contradictorias, pues inicialmente se informó de una denuncia en su contra y, posteriormente, de un supuesto control migratorio. 

“Las razones de su detención no son claras», subrayó la organización, que advirtió que Lautaro sería deportado.

La ONG responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa de cualquier afectación a la integridad del comunicador y exigió su liberación inmediata, además de garantías plenas para el ejercicio de la libertad de prensa y la protección de quienes cubren las movilizaciones.

La denuncia sobre el hostigamiento a Lautaro se produce en un contexto de agresiones contra periodistas que cubren las protestas, las cuales incluyen el uso de gases lacrimógenos por parte de la fuerza pública, de acuerdo con registros de organizaciones de derechos humanos.

Por su parte, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó hasta ahora 208 vulneraciones en el marco del paro, entre ellas ataques al derecho a la protesta, a la libertad de expresión y a la integridad personal.

La provincia con mayor número de denuncias es Imbabura (91), epicentro de la movilización, seguida de Pichincha (43), asiento de Quito y escenario de numerosas manifestaciones en las últimas jornadas.

El saldo de estas incluye una persona fallecida, 12 heridas, 94 detenidas y 12 desaparecidas. Del lado de la fuerza pública, las autoridades informaron que 12 agentes resultaron lesionados y 17 fueron retenidos temporalmente por manifestantes, aunque luego fueron liberados. Contrario a la narrativa del Gobierno y al uso excesivo de fuerza contra los manifestantes, estos agentes retenidos refirieron que se les trató con humanismo y se les brindó agua y comida.

Las movilizaciones en Ecuador comenzaron el 22 de septiembre tras la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo N.º 126, el cual elimina el subsidio al diésel. La medida golpea directamente a las familias más pobres del país, que sobreviven con menos de 91,43 dólares mensuales, al encarecer el transporte, los fletes y los productos básicos.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, rechazó de forma categórica esta disposición, calificándola de inconstitucional. Además, advirtió que favorece a sectores económicos aliados al Gobierno “a costa del bienestar del pueblo”.

La organización también desmintió la versión oficial de que el subsidio al diésel alcanzaba los 1.100 millones de dólares. En ese sentido, aseguró que informes técnicos de Petroecuador contradicen esa narrativa y confirman que, lejos de eliminar un beneficio, la medida impone un alza que recae sobre los sectores más vulnerables.

En este contexto, las protestas se han extendido por varias provincias del país con bloqueos de vías, marchas y choques con la fuerza pública, configurándose como una de las mayores expresiones de resistencia al Gobierno de Daniel Noboa, que el sábado decretó estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.

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