Paola Andrea Meneses, Delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalia
Se entregó la Exgobernadora de la Guajira Oneida Pinto
Desde julio de 2019, la exgobernadora Oneida Pinto tiene una medida de aseguramiento en su contra dictada por el juez 45 de garantías
La exgobernadora se entregó, en horas de la mañana de este domingo 13 de julio, a una comisión conformada por funcionarios de la Policía y la Defensoría del Pueblo, para responder ante una orden de captura de un juez de garantías.
La exmandataria tiene, desde julio de 2019, una medida de aseguramiento en su contra dictada por el juez 45 de garantías.
Son seis los delitos imputados por Fiscalía, todos relacionados con irregularidades en la contratación : concierto para delinquir, falsedad en documento público, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y peculado por apropiación.
De acuerdo con la investigación adelantada, en 2008, cuando Pinto estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa , junto con su exesposo Pablo Parra y su escolta se aliaron para que este último se lanzara a la Alcaldía con la condición de que Pinto y Parra le dieran manejo a las grandes contrataciones municipales.
Pinto Pérez fue asegurada por las posibles irregularidades en contratos de obras para los años 2010-2011 en el municipio de Albania (La Guajira). Al parecer, habría creado la fundación Princesa Negra, para que se encargara de realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías en ese municipio, por valores que ascienden a más de $ 12.000.000.000. Los investigadores establecieron que existió un posible detrimento a
ese municipio por $5.981’965.192.
Oneida Pinto también se encuentra vinculada al caso conocido como mortalidad infantil, que se encuentra en etapa preparatoria ante el Juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá. Los hechos tienen relación con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el hospital San Rafael de Albania con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas.
El valor del convenio ascendió a más de $ 18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000.
Las anomalías radican en el supuesto manejo irregular de la ejecución contractual, el falseo de todos los documentos contractuales y el trasfondo político dado que solo trabajaban en el mismo quienes manifestaran su apoyo político a Oneida Pinto.
