El asesinato de líderes sociales, excombatientes, mujeres y población LGBTIQ+ aumentó en 2025, según organizaciones de derechos humanos, que advierten la continuidad de la violencia en los primeros días de 2026 y exigen mayores garantías de protección por parte del Estado.
Durante el año 2025, el Estado colombiano enfrentó serios cuestionamientos por su incapacidad para garantizar la protección de líderes sociales, excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz y mujeres víctimas de violencia letal. Los registros entregados por Indepaz y distintos observatorios de derechos humanos evidencian un incremento en los homicidios y la continuidad de estos hechos violentos en los primeros días de 2026.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz , Indepaz, en 2025 fueron asesinados 187 líderes y lideresas sociales en Colombia. Este número representa un aumento del 8 % frente al año 2024, cuando se documentaron 173 homicidios contra personas que ejercían labores de liderazgo comunitario, social y territorial.
Las cifras revelan que la violencia se concentra principalmente en el suroccidente del país. Los departamentos que registran mayor número de casos son, en su orden, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Guaviare, Bolívar, Nariño, Putumayo, Huila y Atlántico, territorios donde persisten disputas entre grupos armados ilegales y economías ilícitas.
La situación de seguridad también afectó a los firmantes del Acuerdo de Paz. Durante 2025 fueron asesinados 39 exintegrantes de las antiguas FARC-EP en proceso de reincorporación, lo que representa un incremento en comparación con los 31 casos reportados en 2024.
En cuanto a la violencia colectiva, el país registró 78 masacres en 2025, hechos que dejaron 256 personas asesinadas. Del total de víctimas, 209 eran hombres, 32 mujeres y 10 menores de edad. La problemática continuó en el inicio de 2026, ya que en los primeros siete días del año se presentaron tres masacres que dejaron un saldo de 10 personas muertas.
Indepaz señaló que, desde la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016, han sido asesinados 1.891 líderes y lideresas sociales en Colombia. En ese mismo periodo, 477 excombatientes han sido víctimas de homicidio pese a su proceso de reincorporación a la vida civil.
Adicionalmente, desde 2016 se han documentado 697 masacres en el país, las cuales han dejado un saldo de 2.534 personas asesinadas, lo que evidencia la persistencia de la violencia armada en diferentes regiones.
El Observatorio de Feminicidios en Colombia reportó que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 621 feminicidios y 14 transfeminicidios en el territorio nacional.
Bajo en ese contexto, la organización Caribe Afirmativo denunció el asesinato de Catia, una mujer trans de 20 años de edad, ocurrido el 2 de enero de 2026 en el barrio Florida Blanca, al sur de Bogotá. Según la denuncia, la joven fue atacada a golpes por agresores que se movilizaban en motocicleta.
La organización también reportó otro hecho violento en Medellín, donde una persona trans que se encontraba detenida en una estación de policía del barrio Altavista fue agredida con aceite y aerosol por otros detenidos durante una riña al interior del centro de reclusión.
Caribe Afirmativo indicó que durante 2025 fueron asesinadas 68 personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, situación que refleja los altos niveles de violencia y discriminación que enfrenta esta población.
Ante este panorama, organizaciones sociales, campesinas, feministas, indígenas, afrodescendientes y colectivos de diversidad sexual protagonizaron múltiples jornadas de movilización durante 2025. En estas manifestaciones exigieron al Estado la implementación de medidas eficaces para garantizar la protección de líderes sociales, mujeres, firmantes de paz y personas LGBTIQ+.
Asimismo, reclamaron acciones concretas para desmantelar las estructuras paramilitares y combatir la impunidad que persiste en la mayoría de estos crímenes, los cuales continúan generando preocupación entre defensores de derechos humanos y comunidades en los territorios más afectados por la violencia.
