40 años de cárcel a tres exmilitares por desapariciones de tres personas en retoma del Palacio de Justicia: Tribunal Superior de Bogotá
Este martes 19 de octubre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena a 40 años de prisión contra el excomandante de inteligencia de la XIII Brigada del Ejército, coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano y el segundo comandante, mayor retirado Óscar William Vásquez Rodríguez, por la desaparición forzada agravada de Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández, entonces empleados de la cafetería del Palacio de Justicia y la guerrillera del entonces M-19, Irma Franco.
En la misma decisión fue revocada la absolución de los sargentos retirados Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Causayá Peña y, en su lugar, fueron condenados también a las penas de 40 años de prisión.
Los uniformados (r), Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña, serán inhabilitados para ejercer funciones públicas por 20 años y deberán pagar una multa de 6.150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2007, por este crimen que fue cometido en 1985.
De acuerdo con el Tribunal, no hay duda que tanto los oficiales y suboficiales actuaron con conocimiento de un plan criminal que culminó con la desaparición de estas personas.
“El plan criminal que se elaboró usando como marco referencial el Plan Tricolor invocado y comunicado por algunos de sus superiores, sus conocimientos y pertenencia al grupo del B-2, lo llevó a actuar de manera activa en el lugar en el que abiertamente se adelantó el primer filtro de sospechosos. Hizo parte de la elaboración de las listas de los liberados como autoridad del Ejército Nacional en el primer piso frente a quienes salían del Palacio de Justicia”, señala la providencia.
Para el Tribunal es reprochable que los entonces integrantes del Ejército que estuvieron en la posibilidad, en el deber real y material de obrar en consonancia con el marco jurídico, optaran por ejecutar la conducta criminal, con conciencia plena.
El tribunal ratificó la condena de Óscar William Vásquez y del coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, por su coautoría en el delito de desaparición forzada agravada cuando se desempeñaba este último como comandante del B-2, grupo encargado de los sobrevivientes de uno de los episodios más violentos en la historia de Colombia.
Los oficiales se presentaron ante la JEP, pero hasta ahora no hay una decisión en firme que le impida al Tribunal proferir la sentencia condenatoria, de la cual podrán interponer el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Tanto el coronel Sánchez Rubiano como el exmilitar Vásquez Rodríguez deberán pagar una pena de 40 años de prisión y una multa de 3.500 (smlv) para 2007, por estos hechos por los que fue condenado a 35 años de cárcel el general Jesús Armando Arias Cabrales.
En el caso de los suboficiales, como fueron condenados en segunda instancia, podrán interponer el recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, que definirá en últimas si van o no a la cárcel.
Las víctimas Rodríguez Vera y Beltrán Hernández fueron identificados por sus propios compañeros como empleados de la cafetería del Palacio, mientras que Irma Franco Pineda fue reconocida como miembro del M-19, grupo guerrillero que ingresó al edificio en el que se encontraba la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado el 6 de noviembre de 1985
Momentos después de la toma, las Fuerzas Militares iniciaron el operativo de retoma. El jefe del Estado Mayor de la XIII Brigada, el Coronel Luis Carlos Sadovnik activó el Plan de Defensa Nacional «Tricolor 83» y el Centro de Operaciones de la Brigada (COB), los primeros en llegar a las inmediaciones del Palacio de Justicia fueron algunos miembros del Batallón Guardia Presidencial que prestaban servicio al presidente en la contigua sede del gobierno colombiano, la Casa de Nariño.1
Después del mediodía, llegaron los primeros tanques EE-09 Cascavel y Urutú, que fueron ubicados alrededor del Palacio, sobre la plaza de Bolívar y las carreras Séptima y Octava. El presidente Belisario Betancur fue informado del hecho.
A la 1 pm los guerrilleros le dijeron al magistrado Alfonso Reyes Echandía, mantenido como rehén, que nada le iba a suceder y que lo requerían para negociar. Los guerrilleros del M-19 se refugiaron en el cuarto piso junto a algunos rehenes, realizaron llamadas telefónicas al Palacio de Nariño, sede presidencial, y a varios medios de comunicación, para hacer conocer sus exigencias.
El M-19 exigía la publicación en los diarios y la difusión en las cadenas radiales de una proclama; pidieron la creación en una cadena radial de un espacio diario para la expresión de la oposición y la presencia del Presidente de la República o su apoderado ante la Corte Suprema de Justicia, para efectos de hacerle un juicio político.
Minutos más tarde, un grupo de soldados del Batallón Guardia Presidencial entró al Palacio para sacar los cadáveres de dos vigilantes, mientras un oficial y un suboficial recuperaban la ametralladora del tanque Urutú. A las 1:30 pm , los primeros vehículos blindados ingresaron por el sótano. A las 1:40, el comandante guerrillero del M-19 Luis Otero se comunicó con algunos medios de comunicación para confirmar la autoría y el nombre de la toma.
A las 1:55 un tanque EE-09 Cascavel rompió la puerta principal del Palacio. A las 2:00 pm , dos helicópteros dejaron en la azotea del edificio a un grupo de policías del Comando de Operaciones Especiales de la policía, que también ingresó al Palacio.
Otro de los tanques Urutú trató de irrumpir en una de las puertas del recinto para rescatar el cadáver del subteniente de la Policía José Fonseca Villada, asesinado por los guerrilleros al comienzo de la toma, pero debido a la estrechez de ésta, perdió la metralleta y, por el tiroteo con los guerrilleros del M-19, debió ser retirado. Dos tanques ingresaron por la puerta principal y obligaron a los guerrilleros y rehenes a subir a los pisos superiores, mientras que en la parte posterior del Palacio de Justicia se inició un incendio. Los combates se intensificaron en el sótano, mientras los subversivos se desplazaban a los pisos superiores.
Quince minutos después fueron liberados algunos rehenes, trasladados a la Casa del Florero para su identificación, a excepción de los heridos que fueron llevados a clínicas y hospitales. Luego, a las 2:25, un tercer tanque ingresaba a la edificación, con soldados del Batallón Guardia Presidencial y de la Escuela de Artillería, mientras hombres del Grupo Operativo Antiextorsión y Secuestro (GOAS) de la policía Nacional llegaban por la azotea.
A las 3:00 el presidente Betancur pidió ayuda y consejo a algunos expresidentes, candidatos a la Presidencia y congresistas, estos primeros concordaban en que era mejor negociar en lugar de retomar el Palacio.
Cinco minutos después, Álvaro Villegas Moreno, presidente del Congreso, hablaba por teléfono con Reyes Echandía y el magistrado Pedro Elías Serrano, quienes le solicitaron pedirle a Betancur el cese al fuego.
En una segunda conversación, Reyes Echandía le dijo que se encuentra en el cuarto piso con los guerrilleros, dato confirmado por uno de los subversivos que le quitó el teléfono y quien comunicó que, de no llegarse a un cese al fuego, nadie iba a salir vivo.
A las 3:15 Villegas le llevó el mensaje a Betancur, quien respondió que no iba a negociar y que no había logrado comunicarse con Reyes.
A las 4:10, les ordenaron a los soldados que ingresaron por la puerta, buscar rehenes para ayudarles a salir. Varios estruendos se escucharon desde el sótano y los primeros pisos, lo que llenó de humo el edificio. Reyes Echandía seguía pidiendo el cese al fuego, secundado por otros magistrados a través de la radio.
A las 4:50, la Cámara de Representantes repudiaba la toma y se declaraba en sesión permanente.
A las 5:10, Reyes Echandía logró comunicarse con el general Víctor Delgado Mallarino, director general de la Policía Nacional y amigo suyo.
Reyes le pidió que cesaran el fuego porque de no hacerlo todos iban a morir, a lo que Delgado respondió diciéndole que estaba haciendo lo posible por rescatarlos y que necesitaba comunicarles a los del M-19 que el gobierno no iba a negociar.
Otero y Delgado hablaron. A las 5:30, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército Nacional, toma el mando de la operación de rescate.
Un incendio en el cuarto piso, cuyo origen no se ha esclarecido después de 20 años, comenzó a las 5:45, donde se encontraban guerrilleros, magistrados y civiles que debieron bajar al tercero.
Media hora más tarde, un helicóptero logró evacuar a algunos policías del Copes y el GOAS heridos. Reyes Echandía se comunicó de nuevo con Villegas a las 7:15 y le reiteró que los iban a matar si no terminaban las hostilidades.
Con el paso de las horas, el incendio tomaba fuerza mientras los subversivos retenían a algunos rehenes que trataban de escapar del fuego y los llevaban a los baños del segundo y, luego, del tercer piso. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños.
Una nueva explosión se oyó en el cuarto piso a las 21:30. Las personas que se hallaban allí gritaron pidiendo el cese al fuego y la presencia de la Cruz Roja. Quince minutos más tarde, los bomberos llegaban para tratar de sofocar las llamas, pero sus esfuerzos resultaron inútiles mientras el palacio era consumido.
Desde adentro, los del ejército y los magistrados intentaban apagar el incendio con mangueras de emergencia. Cerca de las 10:00 pm los bomberos conseguían rescatar a algunas personas que se hallaban en la azotea, mientras los combates dentro del edificio se hacían más fuertes.
Media hora después, algunos rehenes escondidos en las oficinas eran rescatados por el Ejército hasta el primer piso. Ellos y dos empleadas del aseo, rescatadas de la azotea por los bomberos, fueron llevados a la Casa del Florero.
A las 7:00 AM del día siguiente Betancur aceptó dialogar con los subversivos y ordenó al director de la Policía Nacional Carlos Martínez Sáenz darles el mensaje, Reyes Echandía había logrado comunicarse con Martínez y este afirmó haber dado la orden de cese al fuego, pero argumentando problemas de comunicación la orden no se había cumplido.
A la 01:30 PM del 7 de noviembre los empleados Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, y Cristina del Pilar Guarín, cajera de la cafetería, aparentemente son captados con vida por un vídeo. Al parecer, los dos fueron llevados a la Casa del Florero, a pocos metros del lugar, pero nunca más se supo de ellos.
La orden de Almarales era que los heridos salieran del baño donde estaban sitiados y que salieran algunos guerrilleros, entre ellos Irma Franco y Clara Elena Enciso.
El consejero de Estado Reynaldo Arciniegas fue liberado por los guerrilleros del M-19, para llevar un mensaje al presidente Betancur y permitir el ingreso de la Cruz Roja y se comience a negociar sin saber que la orden de cese al fuego no fue cumplida ni dada y al rato sucede una explosión dentro de los baños. Vega Uribe anuncia que la toma y retoma del Palacio había terminado.
Una vez terminada la retoma, periodistas documentaron cómo había quedado el Palacio mientras que soldados, policías y miembros de la Defensa Civil sacaban los cadáveres, los cuales fueron llevados por los castrenses sin que el Instituto de Medicina Legal (órgano estatal autorizado para el levantamiento de cadáveres) pudiese tener participación.
En el baño se dejaron prendas y se sacaron cadáveres calcinados imposibles de identificar. Esa noche Betancur se dirigió a los colombianos asumiendo su responsabilidad:
Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo personalmente tomando las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, tomando el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del Presidente de la República…
El 9 de noviembre a las 5:00 p.m. el Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar (oficio No. 1324) ordenó llevar 98 cadáveres a una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá.
De acuerdo con una versión del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Aníbal Gómez, integrante de la Comisión de la Verdad, los magistrados habrían muerto de la siguiente manera:
Alfonso Reyes Echandía Presidente de la Corte Suprema de Justicia, murió según medicina legal por una bala proveniente del Ejército Nacional que le destrozó el tórax.
