El excongresista afronta cargos por la presunta corrupción en el escándalo de repartición de coimas por contratos dados por el Departamento de Prosperidad Social.
Seguirá «guardadito» en la cárcel el exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien enfrenta cargos de concierto para delinquir, cohecho e irregularidades en contratos por su presunta participación en los hechos de corrupción conocido como Las Marionetas 2.
Al excongresista, la Corte Suprema de Justicia le negó la libertad que había solicitado, a través de su abogado, de ahí que deberá pelear por su inocencia desde el centro carcelario donde permanece.
Hay que recordar durante una audiencia desarrollada bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas se conoció la declaración del testigo Juan Carlos Martínez, conocido como ‘el hombre del maletín’, quien fue cercano a Mario Castaño, excongresista que fue procesado por en el caso “Las Marionetas 1″.
En esa diligencia judicial, se efectuó el lunes el 23 de septiembre del 2024, el magistrado Jorge Emilio Caldas aceptó la petición de la defensa del exparlamentario, en el sentido de que no se practiquen nuevas pruebas en contra de su cliente. En su determinación, el togado señaló que se busca favorecer el desarrollo del caso y con ello agilizar el proceso judicial que se viene en relación con uno de los hombres que era cercano a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez.
Hay que destacar que, el proceso en contra del hijo del fallecido exsenador Ciro Ramírez Pinzón, vinculado por nexos con grupos armados ilegales, inició en junio de 2023: cuando el alto tribunal abrió una investigación formal en contra de Ramírez: acusado de recibir millonarias coimas por contratos del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entre 2021 y 2022, durante la administración del también excongresista del Centro Democrático, Pierre García Jacquier.
Por esta razón, Ramírez está privado de la libertad desde mediados de diciembre del 2023, cuando la Sala Plena decidió mantener la medida de aseguramiento en centro carcelario, toda vez que la acusación formal contra Ramírez se adelantó en abril de 2024, debido a que supuestamente el congresista había llegado a manipular de manera irregular de cerca de 13 contratos: entre ellos el famoso convenio 670 de 2021 firmado por el DPS y la empresa Proyecta Quindío, por orden de los $48.060 millones, y que estaba destinado para iniciativas de infraestructura vial y superación de la pobreza en los departamentos de Quindío, Valle del Cauca y Tolima.
La acusación contra el dirigente del Centro Democrático tiene su origen en que García Jacquier, hijo del exsenador Carlos García Orjuela, y Ramírez Cortés, fueron acusados de recibir coimas por el orden de los 1.000 millones de pesos.
La investigación comenzó luego de los casos que se adelantaban en contra del fallecido senador liberal Mario Castaño, que tenía en Pablo César Herrera Correa, gerente de la firma Proyecta Quindío, como uno de sus firmes aliados; pero posteriormente pasó a trabajar a la que sería la red de los excongresistas.
De hecho, el exsenador Ciro Ramírez fue por haber copiado el modelo de Castaño. “A mí me ha privado de mi libertad con el proceso apenas comenzando por lo que no se pudieron practicar las suficientes pruebas en la de Instrucción porque había un afán de acusarme y en ese afán existió una investigación muy pobre”, expresó el implicado en su defensa, en la que remarcó que no hizo ninguna solicitud para la entrega de contratos de parte de la entidad estatal.
El 26 de agosto, el magistrado Caldas Vera, había negado la petición de nulidad de la defensa del exsenador, debido a que no se encontraron motivos para que se retroceda en las investigaciones adelantadas por el alto tribunal; así como para que se desvirtúe el testimonio que el propio Ramírez entregó a los miembros de la Sala de Instrucción de la Corte, dado a conocer el 13 de mayo de 2024, en el que se le vio incómodo por las preguntas del magistrado Marco Antonio Rueda.
