Procuraduría formula cargos a policías involucrados en hechos relacionados con detención ilegal de adolescente en Popayán, Cauca
Cinco integrantes de la policía Nacional fueron citados por la Procuraduría a audiencia pública por la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza en contra de una joven de 17 años de edad, en medio de una protesta presentada en el marco del paro nacional en Popayán
La detención de la menor de edad se registró el 12 de mayo de 2021 en la capital caucana, posterior a su liberación y luego de la denuncia en su red social, la menor de edad se suicidó
Se trata del intendente Víctor Hugo Martínez Martínez y los patrulleros Jhon Jader Montenegro Camilo y Julián Andrés Martínez Pérez, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) No. 9 de la Dirección de Seguridad Ciudadana DISEC, y los patrulleros Edwin Orlando Cortés Cifuentes y Ricardo Andrés Salazar Manrique, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales, GOES, de la Policía Metropolitana de Popayán, Cauca.
De acuerdo con la investigación, el pasado 12 de mayo los tres integrantes del ESMAD habrían privado de la libertad, de manera ilegal, a una joven cuando se encontraba agachada en el antejardín de una casa ubicada en un barrio de la ciudad de Popayán, posiblemente grabando la actuación policial, trasladándola a la Unidad de Reacción Inmediata, URI.
Así mismo, se cuestiona la conducta de los uniformados del ESMAD y del GOES, quienes presuntamente causaron daño a la integridad de la adolescente de 17 años de edad, como consecuencia del exceso de uso de la fuerza utilizada tras ser hallada en el sector de Versalles Pajonal de Popayán, en las circunstancias mencionadas.
De acuerdo con la procuraduría “el procedimiento para identificar y/o registrar a la joven realizado por los efectivos del GOES utilizando la fuerza desmedida y sujetándola para que otro miembro del ESMAD la golpeara, resulta desde todo punto de vista desproporcionado e ilegal, pues la fuerza física estaba autorizada única y exclusivamente para prevenir o mitigar el riesgo de posibles violaciones a los derechos fundamentales de las personas y con mayor razón la de los niños, niñas y adolescentes objeto de protección constitucional especial”.
Las conductas investigadas por el Ministerio Público fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo.
Es de recordar que la joven, hija de un policía, alcanzó a denunciar en sus redes sociales los hechos que posteriormente la llevaron a suicidarse.
Tampoco se puede olvidar que inicialmente la policía negó los hechos.
