A juicio General (r) Francisco Patiño por el caso del joven Diego Felipe Becerra
Por los delitos de favorecimiento y fraude procesal, la Fiscalía general de la nación acusará formalmente ante la Corte Suprema al general en retiro Francisco Patiño.
El ente investigador presentará el próximo 23 de junio el escrito de acusación en contra del general (r) Francisco Patiño Fonseca por su presunta responsabilidad en el plan para desviar la investigación por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo registrada el 19 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá
De acuerdo con el expediente judicial, el alto oficial en retiro habría ocultado la verdad en este asesinato de Diego Felipe Becerra
En la investigación se constató que, como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el alto oficial habría tenido pleno conocimiento de lo sucedido y era consciente de que varios de sus subalternos buscaban proteger al condenado patrullero Wilmer Alarcón y otros uniformados. De acuerdo con el expediente se orquestó un plan para cuidar la imagen de la Policía y desacreditar al joven grafitero con el supuesto de que participó en el asalto a un bus de servicio público.
Adicionalmente, la Fiscalía tiene conocimiento de que el hoy procesado, al parecer, sostuvo diversas reuniones con patrulleros y oficiales para determinar el sentido de las declaraciones que se iban a rendir ante las instancias disciplinarias y penales.
Es de recordar que Diego Felipe murió por una herida de arma de fuego propiciada de manera injustificada por el entonces patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas, condenado por estos hechos. Posteriormente, fue implantada un arma de fuego en la escena del crimen para hacer creer que iba a ser usada por el menor de edad; y se presentaron otras actuaciones ilícitas.
El general (r), supuestamente, sabía de la ubicación de un arma de fuego en el lugar del homicidio, del falso testimonio brindado por un conductor de una buseta que respaldaba la tesis de que Diego Felipe Becerra estuvo involucrado en un robo, del ocultamiento de la declaración de una persona que sí fue víctima de un robo en un vehículo de servicio público y de la entrega de bonos de mercado por valor de $200.000 a la esposa del hombre que entregó la versión falaz.
