Este 20 de julio, el Ministerio de Educación se la jugó por presentar un proyecto que reforme la ley que le ha dado forma a la educación superior colombiana.
El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió jugar sus últimas fichas legislativas en uno de los temas más sensibles de la agenda social colombiana. A tan solo tres semanas de la transmisión del mando, el Ministerio de Educación anunció que presentará ante el Congreso, en el nuevo período de sesiones ordinarias, un proyecto de ley para reformar la Ley 30 de 1992, la norma que ha regulado la educación superior en Colombia durante más de tres décadas.
Según el comunicado emitido por la cartera liderada por Daniel Rojas, la iniciativa recoge una demanda histórica por el derecho a la educación superior y abre el debate sobre el futuro de este nivel educativo en el país. Aunque el Ministerio no entregó detalles exhaustivos sobre el contenido del proyecto, señaló que busca una reforma integral para transformar la educación superior colombiana desde sus bases.
«La propuesta es el resultado de un amplio proceso de construcción colectiva liderado por el Ministerio de Educación Nacional. Entre 2023 y 2026, estudiantes, docentes, rectores, trabajadores, organizaciones académicas y actores territoriales participaron en espacios de diálogo desarrollados en todo el país, cuyos aportes fueron incorporados al proyecto que iniciará su trámite legislativo en el Congreso de la República», indicó Mineducación en su comunicado.
A grandes rasgos, el proyecto pretende actualizar el modelo de educación superior para consolidarla como un derecho y un bien común, fortalecer la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, y promover una mayor participación de las comunidades académicas en la toma de decisiones del sistema educativo del país.
La presentación de esta iniciativa se produce meses después de que el Congreso aprobara una reforma parcial a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que modificó la fórmula empleada para calcular el monto que el Estado debe transferir anualmente a las universidades públicas colombianas. Con el nuevo proyecto, el gobierno saliente busca ir más allá de esos ajustes puntuales y plantear una transformación estructural del sistema de educación superior antes de que el 7 de agosto cambie la orientación del ejecutivo.
La decisión de presentar esta reforma en el tramo final del mandato generará inevitablemente debate sobre la viabilidad de avanzar en un proyecto de tal envergadura con un gobierno en período de transición, y sobre si el Congreso, ya con nuevas dinámicas de poder, estará dispuesto a tramitarlo con la profundidad que el tema exige.
