Una joven de 17 años fue entregada a una comisión humanitaria el domingo 25 de octubre, luego de permanecer retenida desde el 12 de septiembre en medio de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.
Una operación de carácter humanitario permitió que una adolescente de 17 años regresara a la libertad después de permanecer 43 días retenida por integrantes del Frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el municipio de Inzá, al oriente del departamento del Cauca.
La entrega se llevó a cabo el domingo 25 de octubre de 2026 en la vereda Togaima, con la intervención de representantes de organismos nacionales e internacionales, organizaciones defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas y la Iglesia católica, quienes participaron en las gestiones para facilitar la liberación de la menor de edad.
Entre los integrantes de la comisión humanitaria estuvieron la Defensoría del Pueblo, representantes de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el arzobispo de Popayán, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos.
La adolescente, cuya identidad se mantiene reservada y fue referenciada en la información conocida con las iniciales ECCR, había quedado retenida desde el pasado 12 de septiembre, en un contexto de enfrentamientos armados entre el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN y la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con la información suministrada, la confrontación entre estas organizaciones ilegales se registró en zona rural de Inzá, donde la disputa territorial ha generado preocupación por las consecuencias que los enfrentamientos pueden tener sobre las comunidades campesinas e indígenas.
La gestión contó con la participación de distintas instituciones y organizaciones que intervinieron para lograr la entrega de la adolescente en condiciones humanitarias. En un comunicado atribuido al ELN, la liberación fue presentada por esa organización armada como un gesto de respeto por la vida.
La participación de organismos internacionales, autoridades indígenas y representantes de la Iglesia católica puso de manifiesto la importancia de los canales humanitarios para atender situaciones en las que civiles, especialmente menores de edad, quedan expuestos a las consecuencias del conflicto armado.
Sin embargo, la información disponible no precisa las condiciones completas en las que se produjo la retención ni aporta detalles adicionales sobre el estado físico y emocional de la joven tras su liberación.
El caso vuelve a llamar la atención sobre los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en territorios afectados por la presencia de grupos armados ilegales. Las confrontaciones, las amenazas, el reclutamiento y la utilización de menores en actividades relacionadas con las hostilidades representan graves preocupaciones para las comunidades y los organismos de protección.
En el oriente del Cauca, las comunidades indígenas y rurales han expresado reiteradamente su preocupación por las afectaciones derivadas de la confrontación entre estructuras armadas que buscan mantener o ampliar su presencia territorial.
La retención de una adolescente durante más de seis semanas evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección, así como de garantizar que los menores de edad permanezcan al margen de las hostilidades.
Aunque la liberación constituye un resultado favorable desde el punto de vista humanitario, persisten los desafíos para garantizar la seguridad de las comunidades de Inzá y de otros municipios del Cauca afectados por la confrontación armada.
La intervención de la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas, la MAPP/OEA, el CRIC y la Iglesia católica permitió concretar la entrega de la joven, mientras que las circunstancias del caso refuerzan la necesidad de mantener mecanismos de interlocución que contribuyan a proteger la vida y la integridad de la población civil.
La expectativa de las comunidades es que se adopten medidas efectivas para evitar nuevas afectaciones contra menores de edad y garantizar que los habitantes de las zonas rurales puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin quedar atrapados en medio de las disputas entre organizaciones armadas ilegales.
