La víctima, identificada como Esteban de Jesús Cárdenas García, fue interceptado y baleado cuando se dirigía al corregimiento La Gabarra; la Defensoría había alertado sobre el peligro en la región.
Un nuevo crimen enlutó al norte de Colombia. Esteban de Jesús Cárdenas García, conocido como Chapolo y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Kilómetro 28, sector La Virgen, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado este sábado 25 de julio cuando se desplazaba hacia el corregimiento La Gabarra y fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.
Aunque fue trasladado al Hospital Regional Norte de Tibú, el líder comunal no sobrevivió a la gravedad de las heridas. Según el relato de testigos, Cárdenas García alcanzó a convocar a los vecinos para intentar evitar el ataque, momento en que recibió un disparo en la cabeza por parte de uno de los agresores. La comunidad, consternada por el crimen, exigió de inmediato garantías de seguridad y protección para quienes defienden los derechos colectivos en una zona históricamente golpeada por la violencia.
El asesinato no ocurrió en un vacío. La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el riesgo en Tibú mediante la Alerta Temprana ATI 017/25, que identifica al municipio como un corredor estratégico fronterizo del Catatumbo. Su proximidad con Venezuela lo convierte en un punto clave para la movilidad irregular y las economías ilícitas que alimentan el conflicto armado en la región. La Defensoría había señalado que la disputa por el control territorial y las rutas ilegales expone a los habitantes rurales a desplazamiento, confinamiento, extorsión y reclutamiento forzado. «La población civil enfrenta un alto riesgo por la confrontación entre actores armados», advertía el organismo.
Cárdenas García ejercía su liderazgo comunitario en una zona donde se disputan el control grupos como el ELN, el Frente 33 Bloque Magdalena Medio y organizaciones locales que pelean por el dominio de rutas y territorios en el Catatumbo, una de las regiones con mayor complejidad humanitaria del país. La jurisdicción de seguridad corresponde a la Segunda División del Ejército Nacional.
Con este homicidio, el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026 asciende a 86, según el registro de organizaciones especializadas, una cifra que refleja la persistencia de la violencia contra quienes representan a las comunidades en los territorios más vulnerables del país.
Organizaciones sociales y entidades defensoras de derechos humanos reiteraron su exigencia al Estado para que adopte medidas urgentes, efectivas y sostenidas que protejan la vida de los líderes y frenen una ola de violencia que parece no tener fin.
El 24 de julio de 2026, Arnobio Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio ZEA, comuna Río Otún, en el municipio de Pereira, Risaralda, fue asesinado en la calle 19 con carrera Primera.
Hombres armados dispararon contra el líder comunal mientras se encontraba acompañado, provocando su muerte en el lugar. Pérez era reconocido por su participación activa como militante del Partido de la U y por impulsar diversas iniciativas en beneficio de la comunidad.
La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el contexto de riesgo en Pereira mediante la Alerta Temprana AT 041/20 y su informe de seguimiento 009/22. Estas alertas destacan el fortalecimiento de estructuras armadas y redes delincuenciales que ejercen control territorial en la ciudad.
Según la entidad, la capital de Risaralda enfrenta un escenario donde se registran homicidios, desapariciones, desplazamientos intraurbanos, extorsiones y amenazas constantes, especialmente contra líderes sociales, jóvenes y sectores vulnerables. “El riesgo persiste y es necesario reforzar las acciones institucionales para prevenir y proteger a la población civil”, señaló la Defensoría.
Entre los grupos armados identificados en la zona figuran el EGC/Clan del Golfo, La Cordillera, La Oficina, Los Rolos y otras bandas de carácter local.
Estos grupos criminales han incrementado su capacidad operativa y han extendido la violencia, utilizando menores de edad, imponiendo restricciones a la movilidad y elevando la inseguridad tras la pandemia.
Con el asesinato de Arnobio Pérez, la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026 asciende a 85.
