Así fue la mortal alianza entre la fuerza pública y los paramilitares para asesinar campesinos inocentes

por | May 15, 2023 | Judiciales | 0 Comentarios

Así fue la mortal alianza entre la fuerza pública y los paramilitares para asesinar campesinos inocentes.

Las alianzas entre funcionarios públicos, civiles, paramilitares y fuerza pública fue una estrategia de cooptación de la función pública liderada por Salvatore Mancuso.

Así fue planteado por el mismo ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quien reconoció los hechos relatados por la víctima Orlando Triana sobre crímenes cometidos en la Represa de Urrá por esta organización armada al margen de la ley.

«Hacíamos censos con el Ejército para controlar la alimentación. Asesinamos a campesinos y líderes indígenas señalados por las instituciones del Estado», confesó Mancuso en su tercera intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Esta clase de confesiones comprueban, más allá de toda duda, que los paramilitares operaron de la mano del Ejército y de la Policía, donde algunos de sus integrantes señalaron a campesinos inocentes para ser asesinados por esta organización delictiva.

«Es cierto que los hombres bajo mi mando ejecutaban homicidios y se resguardaban tanto en la Policía como en la base militar de Tierralta. Compartíamos inteligencia de manera conjunta. Es cierto que en operaciones como la de Tierradentro estábamos mezclados», confesó Mancuso.

En medio de la diligencia judicial, el magistrado Díaz preguntó sobre asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, reconocidos por el capitán (r) Daladier Rivera Jácome, uno de los 11 imputados por la Sala de Reconocimiento en el Subcaso Norte de Santander Caso 03.

Al respecto, Mancuso dijo que «al teniente Daladier Rivera, a principios de octubre de 1999, en Campo Giles, Tibú, se le entregaron tres guerrilleros muertos en combate por las autodefensas y fueron presentados por el Ejército como si fueran miembros de autodefensas».

Sobre varias masacres paramilitares cometidas en Tibú, Norte de Santander, en 1999, Mancuso señaló que allí hubo coordinación con la fuerza pública: «en todas estas acciones hubo coordinación tanto con Policía como Ejército. Los pobladores pueden dar fe de que convivimos».

Por eso, en el relato adelantado por el confeso jefe paramilitar, se conocieron los nombres de los oficiales de la fuerza pública que trabajaron activamente en las alianza criminal, buscando erradicar el fantasma de la subversión. «Los generales con los que se hicieron coordinaciones militares fueron: Fernando Roa Cuervo, el general Bravo Silva, Martín Orlando Carreño Sandoval, el coronel Víctor Hugo Matamoros, el mayor Mauricio Llorente», dijo Mancuso en la Audiencia Única de Verdad.

Ya en relación con 14 masacres en la región de Montes de María, Bolívar, entre 1999 y 2001, Mancuso relató que «efectivamente tuvimos coordinación en casi todas estas operaciones con el Ejército». En seguida, pasó a mencionar varios nombres de mandos del Ejército involucrados.

«Entre quienes tuvieron responsabilidad para la ejecución de esos actos atroces estuvieron el vicealmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, el mayor Juan Bautista Cárcamo, el coronel Ricardo Díaz Granados Mantilla, el mayor Zea, de inteligencia, el capitán Estupiñán…», agregó Mancuso.

Por eso, en esa intervención del entonces comandante de las AUC trascendieron más nombres de oficiales militares, quienes sí participaron en las acciones delincuenciales que horrorizaron al país, como parte de ese conflicto armado que aún vive el país. «Estuvo el capitán Pastrana y el cabo Barreto, que participaron directamente mezclados, Infantería de Marina con autodefensas en la que se conoce como la masacre de Cataca. También estuvo el Sargento Martínez, de infantería de Marina», manifestó Mancuso.

El ex líder de las autodefensas detalló además que para las coordinaciones: «esos lazos, elementos de contacto y canales de comunicación (con mandos del Ejército) fueron dejados abiertos para que los comandantes (paramilitares) que teníamos sobre la zona lo hicieran directamente».

En relación con las masacres de La Granja y el Aro, Antioquia, en 1996 y 1997, Mancuso reconoció que «hubo coordinación desde un año antes de la operación. Yo personalmente estuve reunido con el general Manosalva. Hubo coordinación con las tropas sobre el terreno».

Sobre la masacre de Pavarandó, en el Urabá chocoano, en 1998, Mancuso afirmó que «esto se hizo con la Brigada 17 con el comandante de la brigada para ese momento, ya no estaba Rito Alejo, no recuerdo con exactitud. Pero sí hubo coordinaciones y se trabajó conjuntamente».

Con respecto a las acciones conjuntas con fuerza pública, Mancuso le dijo a la magistratura que «eran acciones que hacían parte de un plan de lucha contra la guerrilla en ese momento. (…) Hicimos operaciones grandes entre Ejército y autodefensas, como mil hombres de un lado y mil del otro».

A raíz de esto, el magistrado Díaz preguntó si estas acciones tenían un correlato con algún plan oficial o si eran desligados. Mancuso reiteró: «había un plan coordinado. Es imposible mover mil hombres en una zona si no hay un plan coordinado con la fuerza pública».

En relación con el encubrimiento de estas acciones, a través de la Justicia Penal Militar, Mancuso reafirmó que conoció «varios casos en la Brigada 11, con el mismo mayor Frattini en una época. Recuerdo que había un mayor de apellido Espinosa, era abogado y coordinaba esos temas con Frattini».

Pero hay más: «Lo que yo escuché es que había una solidaridad de cuerpo (en Justicia Penal Militar). Intentaban desvirtuar cualquier tipo de prueba porque a nosotros se nos pedía que actuáramos para que esas pruebas, que podían implicarlos, no salieran a la luz pública», agregó Mancuso.

También, y en la coordinación para el tráfico de armas, Mancuso precisó que «los fusiles que se trajeron fueron por compra directa a una fábrica Arsenal, que nunca se ha investigado. Allí participaron el capitán Rojas y Humberto Ágredo».

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